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El viernes 14 de abril de 2006 el Gobierno anunció un enroque de funcionarios: Guillermo Moreno, hasta entonces secretario de Comunicaciones, pasaba a ocupar el cargo de Lisandro Salas, secretario de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía, y éste se mudaba al despacho que había sido del Napia desde el 2 de junio de 2003. Seis meses antes, Néstor Kirchner había tomado una decisión que marcó el rumbo de su gestión y cuyos efectos siguen hasta estos días: no subordinar el crecimiento económico por temor a la inflación. En noviembre del año anterior, había desplazado a Roberto Lavagna como ministro de Economía, entre otras razones por sus diferencias de enfoque sobre este punto. El ministro había propuesto un severo plan de ajuste para mitigar la suba de precios que empezaba a hacerse notar con la recuperación económica tras la debacle de 2001. En lugar de la salida ortodoxa, con impacto sobre el empleo, los salarios y las jubilaciones, Kirchner optó por el menos ortodoxo de los funcionarios.

Al día siguiente de su designación, pero antes de haber jurado en su nuevo rol, Moreno les anunció a empresarios de la carne que en lugar del deslucido título de secretario de Coordinación Técnica rescataría el nombre de secretario de Comercio Interior y que entre sus funciones estaría aplicar una ley de 1974 que Martínez de Hoz había pasado al ostracismo en la dictadura: la Ley de Abastecimiento. Moreno hizo valer de entrada dos de sus atributos: la fama de duro y su dedicación al trabajo. Ese encuentro fue un sábado a la mañana. El martes volvió a reunirse con los representantes de la cadena cárnica. El jueves a la mañana convocó a la cámara de empresarios de la alimentación y a la tarde se juntó con la Unión Industrial. A todos les dijo lo mismo: habría una administración estatal de la suba de precios.

Como tantas otras cruzadas que encaró, esa política tuvo etapas de mayor éxito y otras de fracaso, e incluso exhibió contradicciones profundas. Pero yendo al fondo del asunto, cuál fue el papel que jugó desde su secretaría en la puja distributiva, el balance muestra que se inclinó por los sectores asalariados. No fue uno más de las decenas de funcionarios que a lo largo de la historia argentina hicieron recaer los costos de las dificultades económicas en los trabajadores, sino que en todo caso buscó protegerlos. En numerosas ocasiones, más que las deseables, el modo en que lo hizo terminó facilitando goles en contra, como en el caso emblemático de los reemplazos en el Indec.

Moreno expuso allí quizá su mayor debilidad. Dejó servido el contraataque a aquellos que explotaron los aspectos caricaturescos de su personalidad, aunque su encono era previo y venía dado por aquello de que la orientación de la política económica sería ponerles límites a sectores empresarios. Eso no lo exime de sus errores o, si se quiere, de cierto voluntarismo, en muchos casos ineficaz. Como, por ejemplo, cuando anunció en Casa Rosada que los inquilinos podrían acceder a la compra de su vivienda con un sistema similar al leasing. Despertó expectativas que se vieron defraudadas cuando el plan quedó archivado en un cajón. Lo mismo ocurrió con la Ley de Abastecimiento, cuya aplicación nunca pasó mucho más allá de la amenaza para sentarse a negociar.

Otros intentos lograron éxitos relativos, como el plan Carne para Todos y similares, o la apertura de un mercado abastecedor en José C. Paz. Son iniciativas que podrían haber generado cambios más profundos de haber sido mejor explotadas. Pero Moreno se caracterizó en sus siete años y medio de gestión por sus marchas y contramarchas, avances y retrocesos. A eso se sumó su incapacidad de comunicar a la población las decisiones en forma sencilla y didáctica, lo que dejó el terreno libre para operaciones mediáticas y políticas de todo tipo. El contraejemplo –también emblemático– es que la ciudadanía tome como válidas mediciones de la inflación de consultoras privadas que no pasarían el más leve examen de rigurosidad técnica.

Pero Moreno nunca ofreció explicaciones claras de cara a la sociedad de por qué hizo lo que hizo en el Indec, pese a que tenía sus razones. Y entonces tampoco tuvo legitimidad frente a la ciudadanía para ir contra las consultoras, que quedaron instaladas en el papel de víctimas y portadoras de la verdad. Son contadas las veces que el secretario habló mano a mano con la prensa y ofreció conferencias para explicar las medidas. En parte se debió a que aplicó un sistema informal de decisiones no escritas, por ejemplo en la administración del comercio exterior o la aplicación de listas de precios diferenciadas según el tipo de producto, ya fuera premium, standard o popular. Quienes lo justifican exponen el argumento de la realpolitik. No se puede jugar con total transparencia con sectores empresarios poderosos que tienen otros mecanismos de mercado o hasta institucionales –a través de jueces amigos– para eludir las disposiciones del Estado.

A Moreno tampoco lo ayudó que pasara sus días confrontando con cuanto funcionario discutiera con él. Esa pulsión por las internas le quitó impulso a iniciativas que elaboradas con consenso –por empezar dentro del mismo Gobierno– habrían tenido otro final.

Quizás una excepción sea el trabajo que realizó en relación con el Grupo Clarín y Papel Prensa, donde sí pudo develar junto a otros actores del oficialismo, empezando por Néstor Kirchner y Cristina Fernández, el comportamiento del holding como factor de poder. Como todo personaje complejo, las lecturas en relación con Moreno no pueden ser lineales ni definitivas. La resolución 125, las restricciones a las importaciones, las peleas con Shell, las misiones comerciales a Angola, las negociaciones con supermercados, la tarjeta SuperCard, el Cedin y tantos otros temas en que estuvo involucrado el secretario de Comercio tuvieron sus causas y sus manejos. Algunos mejor resueltos, otros de manera catastrófica. Después de tantos años, su salida dejará un espacio enorme por llenar. La próxima escala lo mostrará en Roma y después el tiempo dirá.