Con la visita del ministro y el secretario de Justicia, Julio Alak y Julián Alvarez, el kirchnerismo cerró ayer su defensa del dictamen de reforma de los códigos Civil y Comercial, que tuvo como principal conflicto la regulación de la responsabilidad civil del Estado. Los legisladores de la oposición adelantaron en la reunión de la comisión bicameral que votarán en contra del nuevo Código si no se incorpora ese tema y que entonces su aprobación correrá por cuenta exclusiva del oficialismo. El titular de la bicameral, el senador kirchnerista Marcelo Fuentes, en cambio, les reclamó que propongan las incorporaciones en el debate de la ley especial que paralelamente se está analizando en Diputados (ver página 11). Sin acuerdo por el momento, la comisión pasó a cuarto intermedio hasta hoy a las 11, cuando el oficialismo intentará firmar dictamen para tratarlo en el recinto del Senado el 27 de noviembre.

Antes de darles la palabra a los invitados, Fuentes leyó una nota firmada por los jueces de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco, en la cual se excusaron de asistir al Congreso ya que su posición había quedado reflejada en el texto elevado al Ejecutivo. Además, destacaron el trabajo “extraordinario” de la comisión al llevar las audiencias públicas a todo el país.

En la misma línea, Alak arrancó su exposición remarcando que el nuevo Código ya lleva dos años de debate y que su modificación se fundamenta en tres ejes centrales: ponerlo en sintonía con la reforma constitucional del ’94 y la incorporación de los tratados internacionales; recoger los “profundos cambios sociales y culturales”, y, por último, la necesidad de facilitar el acceso a la ley por parte de la población.

“Las relaciones jurídicas entre particulares son las que genera el derecho privado, y las relaciones entre un particular y el Estado conforman el derecho público. Por lo tanto, no es muy difícil deducir que la responsabilidad del Estado corresponde al derecho administrativo”, señaló Alak, que dedicó buena parte de su exposición a defender la exclusión de ese tema de la redacción original. Alak señaló que existe un amplio consenso entre los académicos del derecho administrativo sobre el tema, incluso de aquellos que no están vinculados con el peronismo, como el ex procurador del Tesoro de la Alianza Ernesto Mercer. Alak también citó legislación comparada de países como México y Ecuador y señaló que el propio Vélez Sarsfield había excluido del Código esta materia.

El ministro argumentó, además, que se afectaría la autonomía de las provincias, que deberían aplicar una norma de carácter federal barriendo con su legislación propia. “¿Con qué fundamento jurídico vamos a plantear la responsabilidad civil del Estado cuando las provincias son preexistentes a la Nación?”, preguntó Alak. En referencia a la ley especial que se está tratando en Diputados, el ministro especificó que refleja la jurisprudencia establecida por los fallos de la Corte Suprema. “El proyecto es moderado en cuanto a la defensa del Estado porque reconoce plenamente la responsabilidad. Y ahora (al ciudadano) no solamente lo va a asistir la jurisprudencia de la Corte, sino que va a tener dos garantías porque va a estar la ley”, insistió Alak.

En su exposición, Julián Alvarez se concentró en otros aspectos del Código y reivindicó el consenso respecto de la gran mayoría de los artículos y de las modificaciones como la de eliminar la frase “en el seno materno”, cuando se refiere al comienzo de la vida y la concepción. También remarcó el acuerdo en cuestiones como el contrato de leasing y de la incorporación propuesta por la UCR y el peronismo disidente del derecho de los adoptados a acceder a los expedientes judiciales correspondientes.

“Nosotros no vamos a ser cómplices de un sistema liviano de determinación de la responsabilidad del Estado y sus funcionarios”, arremetió el senador radical Gerardo Morales. El jujeño aseguró que desde la UCR no quieren “garantizar impunidad ni inmunidad a Julio De Vido”. El diputado Juan Pedro Tunessi propuso la incorporación de cuatro artículos “generales” sobre la responsabilidad del Estado, que fueron rechazados. Según el diputado macrista Pablo Tonelli, “hay muchas diferencias entre la jurisprudencia de la Corte y el proyecto de ley”. “No reconoce el daño futuro, la culpa concurrente; el proyecto es restrictivo respecto de la responsabilidad civil del Estado”, sostuvo Tonelli.

Alak recogió el guante y le recordó a Tonelli que cuando fue procurador de la Ciudad defendió la autonomía porteña. Y en tono político, remarcó que los grandes estudios jurídicos y las grandes empresas “se fregaban las manos aplicando las normas del derecho privado al Estado para esquilmarlo”. “Eso va a generar juicios multimillonarios contra el Estado. Los dueños de grandes empresas por una actividad lícita del Estado como puede ser una ley quieren reclamarle al Estado no sólo el daño emergente, sino también el lucro cesante por 20 o 30 años”, detalló el ministro.

Con la discusión empantanada en ese punto, los bloques opositores se disponían ayer a votar en contra del Código mientras fuentes del oficialismo confiaron anoche en que hoy pasarían el dictamen a la firma y que avanzarán con su sanción en la sesión prevista para el 27 de noviembre.