Los cortes de luz continuaron ayer en Capital y Gran Buenos Aires. Hubo interrupciones del servicio en Mataderos, Constitución, Floresta, Flores, Caballito, Villa Crespo, Almagro, Villa del Parque, Barracas y en numerosos barrios del conurbano. En la mayoría de los casos, no son apagones que abarquen amplias zonas, sino cortes aleatorios en distintas cuadras. La ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez, informó que aún quedan 11 mil viviendas sin luz. Los problemas comenzaron hace más de dos semanas y ni el Gobierno ni las empresas adelantaron cuándo podría quedar normalizada la situación. La ola de calor tampoco ayuda y mete más presión. Anoche a las 23 horas el consumo de energía, según Cammesa, fue de 20.708 megavatios, un nuevo record para un día domingo.

Durante las últimas semanas, la oferta disponible de energía fue suficiente para abastecer la demanda del sistema, pero igual se produjeron cortes porque las que no resistieron fueron las redes de distribución. Hubo problemas en numerosas cámaras donde se quemaron cables y transformadores. La explicación es que Edenor y Edesur no invirtieron lo necesario para afrontar los picos de demanda. Las empresas sostienen que la inversión fue insuficiente porque el congelamiento tarifario no les da margen para mayores desembolsos. Sin embargo, en el Gobierno responden que las tarifas no son el problema porque el servicio está subsidiado. Incluso recuerdan que en la década del ’90 las distribuidoras tenían sus ingresos dolarizados e indexados y eso no impidió que en febrero de 1999 la falta de inversión de Edesur derivara en un gigantesco apagón que dejó sin servicio a 150 mil viviendas de la Ciudad de Buenos Aires durante once días.

Más allá de las causas por las que las empresas no invirtieron lo que hacía falta, el principal problema para el Gobierno es que lo ocurrido dejó en evidencia un control estatal insuficiente. Las empresas no sólo no tienen instalaciones adecuadas para afrontar los picos de demanda, sino que la respuesta luego de los cortes viene siendo muy pobre. Una vez interrumpido el servicio, ni Edesur ni Edenor informan a los usuarios cuál es el problema y cuánto tiempo podría demandar su resolución. En los edificios de la ciudad la situación es crítica, fundamentalmente para las personas mayores y las familias con bebés y niños, que quedan desamparadas frente a la indiferencia e irresponsabilidad con que actúan las empresas. Cuando los clientes realizan el reclamo, la única respuesta es que el inconveniente continúa pendiente y que se está trabajando en el tema. Por lo general, ni siquiera es una persona la que informa el dato sino un contestador automático o un SMS.

El ministro de Planificación, Julio De Vido, cuestionó el sábado esta actitud de los privados y puso el foco fundamentalmente en Edesur, controlada de manera indirecta por la extranjera ENEL. “La empresa italiana no tiene actitud ni presencia para resolver el problema”, aseguró. Por eso les pidió mayor protagonismo a los accionistas argentinos de la distribuidora: Caputo, Escasany, Miguens-Bemberg, Reca y Vázquez, quienes poseen una porción minoritaria de la firma. Edesur publica hoy una solicitada en los diarios donde una vez más les pide disculpas a sus clientes por las molestias que les está provocando. La compañía informa que puso en servicio 130 grupos electrógenos y que está repartiendo agua a través de un acuerdo con Aysa, pero ante los pedidos individuales o colectivos que formulan los vecinos en la mayoría de los casos no hay respuesta.

El Gobierno ya adelantó que va a multar a las firmas y que los usuarios serán resarcidos económicamente. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Planificación, Julio De Vido, adelantaron incluso que la estatización del servicio también es una opción que están evaluando. Sin embargo, por ahora no habrá ningún anuncio. Lo primero que quieren los funcionarios es que las empresas normalicen la situación y después entonces se verá qué hacer. Consideran que antes no tiene sentido porque mientras la gente siga sin luz cualquier medida le resultará insuficiente.

Las multas y los resarcimientos ya se dan por descontados, pero la posibilidad de una estatización es más incierta. Las empresas dicen que el negocio no es rentable, pero ninguna entrega la llave y se va. Las motivaciones para no hacerlo son varias. Especulan con una suba de tarifas o directamente con la posibilidad de que el Gobierno les quite la concesión, pues en ese caso reclamarán una indemnización ante tribunales internacionales. Los que están a favor de estatizar afirman que hay argumentos de sobra para rescindir el contrato haciendo valer incumplimientos por parte del concesionario, pero la situación no es tan sencilla porque, desde 2002 hasta la actualidad, los contratos registran incumplimientos de ambas partes. Por lo tanto, si se decide tomar ese camino serán los abogados los encargados de librar la batalla. El eventual reclamo de una indemnización no es lo único que hace dudar al Gobierno. También influye la delicadísima situación financiera en la que se encuentran las distribuidoras, con deudas millonarias, y el riesgo que supone asumir la responsabilidad de gestionar la empresa de manera directa en este contexto crítico.

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