Las detenciones de los 38 represores pedidas por los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado tendrán que esperar hasta que la causa por los crímenes cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército tenga juez. La jueza María Servini de Cubría le devolvió ayer el expediente a su colega Sergio Torres, quien lo derivó a la Cámara Federal.
A partir de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, la Cámara Federal porteña reabrió dos grandes causas sobre violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar, la investigación sobre lo ocurrido en la Escuela de Mecánica de la Armada y en el Primer Cuerpo de Ejército. Los expedientes recayeron por sorteo en los jueces María Servini de Cubría (ESMA) y Sergio Torres (Primer Cuerpo). Servini de Cubría se excusó de investigar los delitos cometidos en la ESMA porque uno de los potenciales acusados, el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, fue empleado suyo en un juzgado de instrucción. La causa fue a parar al despacho de Torres. Este juez se hizo cargo del caso, pero remitió a su vez, “por compensación”, el expediente del Primer Cuerpo a Servini de Cubría. La jueza, después de estudiar el expediente, decidió ayer desvincularse de la causa. Consideró que no se trataba de un caso de similar magnitud que el de la ESMA, ya que en jurisdicción del Primer Cuerpo –que abarcó Capital Federal, gran parte de la provincia de Buenos Aires y La Pampa– habrían funcionado al menos una veintena de centros clandestinos de detención. Ahora, luego de que la documentación pasó de despacho en despacho, la Cámara Federal tiene que designar un nuevo juez. El magistrado que finalmente decida hacerse cargo de la investigación deberá expedirse sobre el reclamo que hicieron el jueves Freiler y Delgado para que se detenga a 38 represores. Los fiscales incluyeron a los acusados que fueron beneficiados con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y también a seis militares que fueron indultados. “La dispensa no puede excluir a aquellos hechos que, cometidos durante el ejercicio de su comando, no les fueron impuestos en aquella oportunidad”, aseguraron. Es decir que entendieron que, más allá de la futura discusión sobre la validez del perdón presidencial, quienes quedaron en libertad gracias a esa medida pueden ser juzgados por hechos por los que no fueron procesados antes.
Torres, por su parte, está analizando la documentación sobre los crímenes de la ESMA. El magistrado estudia la adaptación de la situación de los imputados al nuevo Código de Procedimiento, ya que antes de la sanción de las leyes de impunidad los acusados estaban bajo prisión preventiva impuesta según el Código de Justicia Militar. Esto implicaría que al menos unos quince represores que se beneficiaron con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida vuelvan a la cárcel.
Lo mismo podría ocurrir con los militares y el civil que fueron incluidos en el pedido de detención del juez español Baltasar Garzón. Cuando el gobierno de José María Aznar tomó la decisión de no reclamar las extradiciones de los militares argentinos, se hizo una denuncia para que los jueces argentinos investiguen los mismos hechos. El juez Torres, también a cargo de ese caso, le pidió a su colega Rodolfo Canicoba Corral toda la documentación que le había mandado Garzón. Pero entre los procesados en Madrid por genocidio, terrorismo y torturas hay quienes podrían quedar presos en la causa ESMA y en la del Primer Cuerpo.