El defensor general de la Nación Miguel Romero resolvió que los defensores oficiales que representan a familiares de desaparecidos en los denominados Juicios por la Verdad deberán asistir también a represores imputados en el marco de las “megacausas” que investigan violaciones a los derechos humanos cometidas en el ámbito del Primer Cuerpo del Ejército y en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Al informar sobre su decisión, Romero notificó a sus subordinados que la representación de desaparecidos “no constituye impedimento para ejercer la defensa de la persona y de los derechos en aquellas causas cuyo trámite sea reabierto en virtud de la aplicación de la ley 25.779”, la norma por la que se declaró la nulidad de las llamadas leyes de impunidad. Romero hizo una salvedad para aquellos casos en que se “configuren intereses contrapuestos”.