A menos de una semana de su crítica a la Policía Bonaerense, a la que acusó de estar vinculada con la mayoría de los secuestros extorsivos, el presidente Néstor Kirchner volvió a cargar contra la corrupción en las fuerzas de seguridad. “Tenemos la obligación política y moral de purificar todas las fuerzas policiales del país”, sostuvo el mandatario, quien lanzó un desafío al resto de la dirigencia política: “Hay que purificar y el que está en duda que se vaya a su casa”. Lo más sugestivo del gesto fue que en el acto, donde se anunció un Programa Nacional Anti-Impunidad, estuvieron presentes en la Casa de Gobierno familiares de víctimas del gatillo fácil policial y otros casos famosos que siguen sin ser esclarecidos. Kirchner cuestionó tanto el “corporativismo” policial como el político. “Pasa en la policía pero también en la política, donde hay una reacción corporativa cuando se trata de un correligionario o porque es compañero. Se terminó, al que saca los pies del plato debe caerle todo el peso de la ley.”
A la reunión realizada en el Salón Sur de la Casa Rosada fueron invitados los familiares de María Soledad Morales, José Luis Cabezas, Mariano Witis, Miguel Bru, Ezequiel Demonty, Natalia Melmann, Diego Peralta, Sergio Schiavini, Maximiliano Tasca, Adrián Matassa, Cristian Gómez, Maximiliano Kosteki, Darío Santillán, Alicia More y Víctor “El Frente” Vital, entre otras personas que fueron asesinadas por policías o con la complicidad o el encubrimiento de personas vinculadas al poder político. La nueva embestida de Kirchner se produjo poco después de que el mandatario se reuniera con el gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, para recomponer la relación luego del duro ataque a la Bonaerense.
El Programa Nacional Anti-Impunidad apunta a impulsar el esclarecimiento de crímenes no resueltos, entre los que se incluyen también la violación y muerte de Lucila Yaconnis, Marcos Schenone y una serie interminable de hechos de violencia ocurridos en los últimos años en la Argentina. El Presidente prometió un “monitoreo permanente de los casos” y la creación de un consejo asesor formado por los familiares.
El primer orador fue el coordinador del Consejo de Familiares, Luis Bordón, padre de Sebastián, el joven estudiante asesinado en Mendoza por la policía, en octubre de 1997. “Hay un trípode en el que se basa la impunidad y es la connivencia entre las fuerzas de seguridad, la Justicia y el poder político”, dijo el papá de Bordón, quien consideró que “es hora que desde acá (en alusión a la sede del gobierno nacional) se impulsen medidas que rompan esa connivencia”.
En el salón estaban presentes, entre otros, Elías Morales, padre de María Soledad; Rosa Bru, Gladys Cabezas, Raquel Witis y Sabina Sotelo, madre del Frente Vital, un joven considerado un Robin Hood en Don Torcuato que fue asesinado a mansalva por un policía cuando estaba desarmado. “El discurso del Presidente fue bueno, pero a mí me gustaría que se hiciera algo por la gente que no tiene plata para llegar hasta la Casa de Gobierno y que está sufriendo permanentes ataques por parte de la policía”, dijo a Página/12 Sabina Sotelo.
A su lado, Elsa Schenone, la mamá de Marcos, el joven por cuyo asesinato está con prisión preventiva el empresario gastronómico Horacio Conzi, expresó varias veces su satisfacción por lo actuado por los fiscales de San Isidro Mario Kohan y Hernán Collantes, quienes virtualmente tienen esclarecido el hecho y demostrada la responsabilidad del detenido. Por su parte, Sotelo insistió en que muchas veces “la Justicia no actúa del mismo modo cuando el que muere es el pibe de una villa y eso es lamentable”.
Al hablar en el cierre del acto, dirigiéndose al ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Beliz, y al secretario de Política Penitenciaria, Pablo Lanusse, el presidente Kirchner dijo que ellos tenían en sus manos “todos los instrumentos para revertir la situación”. Kirchner reconoció que en la Argentina “se actúa corporativamente” y entonces cuando el que mata “es miembro de una institución hay que darle cobertura desde la propia institución”.
El mandatario sostuvo que si un “mal policía hizo lo que no tenía que hacer, la propia institución lo tendría que denunciar para que la gente vuelva a creer en las instituciones. Esto es fundamental para terminar con la impunidad”. También reconoció que “la reacción corporativa también pasa en la política porque es un correligionario, un compañero o es esto o es el otro”. Al analizar la crisis por la que atraviesa el país, sostuvo que se convive con “un Estado donde el de arriba se lleva todo lo que puede y el de abajo lo que está a su alcance”. En lo que pareció una referencia a casos de corrupción recientes, denunciados por su gestión, dijo que “donde uno toca, salta pus”.
El Programa Nacional Anti-Impunidad consistirá en la elaboración de una base de datos sobre crímenes que siguen impunes o que fueron esclarecidos sólo parcialmente, como es el caso de los homicidios de María Soledad Morales o José Luis Cabezas; la creación de un consejo asesor integrado por familiares de las víctimas; el monitoreo permanente de los casos para promover su investigación a fondo mediante un seguimiento por parte del Gobierno; la elaboración de un mapa judicial y la “promoción del acceso a la Justicia” de las personas que no están en condiciones económicas de impulsar los juicios y que serán patrocinadas en forma gratuita.