La oposición y los organismos de derechos humanos de Uruguay reaccionaron en contra de la resolución del presidente de ese país, Jorge Batlle, de trabar la investigación del asesinato de María Claudia García Irureta. La Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos DetenidosDesaparecidos afirmó que el caso de la nuera del poeta Juan Gelman debe quedar fuera del alcance de la llamada de la Ley de Caducidad, ya que fue secuestrada “no por razones políticas, sino para quitarle su hijo”. Le entidad destacó también que su desaparición “se trató de una acción ni siquiera reconocida por las autoridades militares”. El senador Rafael Michelini, del centroizquierdista Nuevo Espacio, también cuestionó la decisión de Batlle y se mostró sorprendido. “El gobierno había mandado muchas señales de que este caso no estaba incluido en la Ley de Caducidad en la medida que era una muchacha que nada tenía que ver con Uruguay, que había sido traída para sacarle su beba”, explicó Michelini. El diputado socialista Guillermo Chiflet también dijo que la actitud de Batlle lo tomó por sorpresa y sus argumentos en ese sentido fueron similares a los de Michelini: dijo que la nuera de Gelman “no tenía ninguna actuación política ni militancia en Uruguay” y que el suyo fue “un secuestro con fines de apropiación de una bebé”. El presidente Batlle sólo fue respaldado por un hombre de su partido.