Desde San Salvador de Jujuy

Los abogados de la Tupac volvieron a trajinar ayer los tribunales jujeños, no solo por la libertad de Milagro Sala sino también para presentar una denuncia penal contra el gobernador Gerardo Morales y sus ministros. La denuncia los acusa de haber cometido los delitos de “abuso de autoridad, contra la libertad y contra el orden público” por haber suspendido por decreto –que firmó todo su gabinete– la personería jurídica de la Asociación Tupac Amaru. Por lo que solicitaron una medida cautelar para impedir la quita de la personería a través del decreto.

El abogado Luis Paz explicó que el delito de abuso de autoridad contempla al “funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones”. Citó los artículos por los que sostiene que la personería jurídica solo podrá ser quitada a través de una “resolución judicial motivada” y que el decreto se atribuye el juzgamiento de un delito penal no especificado “violando el principio de inocencia” establecido constitucionalmente. “La Constitución de Jujuy impone a ‘los magistrados y funcionarios aplicar esta Constitución como ley suprema de la provincia, con prelación a las leyes, decretos, ordenanzas y reglamentos o que dictaren las autoridades provinciales y municipales’”, argumentó Paz.

El escrito menciona que la “extorsión de la privación de la personería” condena a los integrantes de la organización social, “familias carenciadas, que serán privados de su derecho constitucional de asociación”, por lo tanto, contra la libertad. La demanda también sostiene que el delito de orden público se sostiene en “el uso irracional e ilegal del poder por parte de los miembros de un partido gobernante para imponer sus ideas políticas y acallar a la Asociación Tupac Amaru y a cualquiera otra que los contradiga”. “No te pueden encarcelar ni te convierte en delincuente el hecho de que no quieras adherir a una medida administrativa que el gobernador quiere imponer por motivaciones políticas y violando las leyes”, concluía.