Eduardo Riggi es un personaje legendario para las causas de lesa humanidad. Fue denunciado en 2007 por un grupo de 61 querellantes víctimas de la represión en el Consejo de la Magistratura. En la denuncia, acusaron a cuatro de los doce integrantes de la Casación –Riggi, Alfredo Bisordi, Gustavo Hornos y Ana María Capolupo de Durañona y Vedia– de demorar en forma deliberada la instrucción de las causas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Más cerca en el tiempo, el CELS los denunció por sobornos en el marco de la investigación por el asesinato de Mariano Ferreyra.

Riggi suele ser recordado por una desmentida antológica: señalado por pertenecer al Opus Dei y por tener buenas relaciones con la corporación militar, dijo: “No tengo el honor de ser del Opus Dei y mi único contacto con los militares es que tengo familiares en las Fuerzas Armadas”.

Cuando el ex presidente Carlos Menem dio a conocer en 1992 la lista de jueces que iban a integrar la Cámara Federal de Casación Penal, su entonces ministro de Justicia, León Arslanian, renunció y los calificó de ‘esperpentos’. Uno de los integrantes de la nómina era Eduardo Riggi.

Riggi hizo sus primeros pasos en la Justicia en 1971 en el Camarón, la Cámara Federal en lo Penal de la Nación que fue un tribunal especial creado por la dictadura de Agustín Lanusse para perseguir a los opositores políticos. Cuando el gobierno de Héctor Cámpora lo disolvió, Riggi fue cesanteado, pero volvió al poco tiempo y en 1978 fue promovido a juez de la Nación por Jorge Rafael Videla. “El Camarón era una comisión especial de las que están prohibidas por la Constitución”, recuerda el ex subsecretario de Derechos Humanos de Nación, Luís Alen. Ese tribunal se creó para juzgar a los llamados delitos subversivos con jurisdicción en todo el territorio, y es famoso porque convalidó las prácticas del secuestro y la tortura que comenzaban a aparecer. Por ejemplo, no intervino en la masacre de Trelew, pero uno de los jueces, Jorge Quiroga, viajó para ver qué había pasado: terminó haciendo la investigación de la fuga, sin el asesinato. Los personajes que integraron esa Cámara aparecieron más tarde vinculados a la dictadura. Entre otros, Jaime Smart, ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura.

En 2012, el CELS denunció a Riggi por sobornos en el marco de la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra. El Consejo de la Magistratura desestimó la denuncia y lo mismo hizo el juez Norberto Oyarbide con un escrito que el organismo de derechos humanos consideró arbitrario.