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El Informe Global de Corrupción 2004 incluyó un alerta sobre las presiones contra la libertad de prensa en la Argentina, con la mención del caso del juez federal Claudio Bonadío, quien le pidió al periodista del Financial Times Thomas Catán que revelara las fuentes de una denuncia de supuestos sobornos en el Senado. Como el periodista se negó, el juez solicitó a la SIDE una lista de las llamadas telefónicas de Catán, violando la garantía constitucional de anonimato para las fuentes periodísticas. La medida fue posteriormente anulada por la Cámara de Apelaciones, que ordenó a Bonadío destruir la lista.
Transparencia Internacional también registró casos de jueces castigados por investigar a funcionarios. Uno de los episodios denunciados fue la remoción del juez Roberto Gareca, quien había abierto una causa contra colaboradores del gobernador de Salta Juan Carlos Romero. De la misma manera, el trabajo recuerda que José Manuel de la Sota, gobernador de Córdoba, ordenó el despido del fiscal anticorrupción provincial Luis Juez luego de que el funcionario investigara a miembros de la administración cordobesa, incluyendo a la esposa del gobernador, Olga Riutort.