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En teoría, la misión del Fondo Monetario Internacional está definida en su Estatuto, que en resumen sostiene que es una institución que tiene por objetivo prevenir crisis de sus miembros, instándolos a adoptar políticas económicas correctas, y eventualmente otorgando préstamos para cubrir desequilibrios transitorios de sus cuentas externas que están sujetos al cumplimiento de ciertas condiciones.
Pero más allá de esos enunciados generales, si hay algo que identifica a la intervención práctica del FMI es la presión que ejerce para que sus prestatarios lleven a cabo ajustes fiscales de distinto tipo y magnitud según el caso.
En ese sentido, la experiencia argentina es bien ilustrativa, con la característica de que la exigencia fiscal resultó siempre indisociable del problema de la deuda. Durante los años previos a la convertibilidad, los ajustes presupuestarios que exigía el Fondo tenían como fin la lucha contra una inflación que lo desquiciaba todo, impidiendo incluso que el país pagara su deuda externa.
A lo largo del menemismo, y ya sin problemas de alta inflación, el FMI jugó un papel clave para que el país no sólo cumpliera con los acreedores, sino además para que pagara una buena parte de la deuda mediante la privatización de las empresas públicas.
El auxilio del FMI contribuyó para zafar de la crisis del Tequila a mediados de los años ’90, pero de nada sirvió para evitar el colapso de un modelo que se cayó a pedazos en el 2001, en buena medida por las recetas de ajuste fiscal que ellos exigían para mantener el pago de una deuda que de todas maneras no cesaba de crecer. Y la deuda no cesaba de crecer, entre otras cosas, por el desequilibrio fiscal que, paradójicamente, generó la privatización del sistema de jubilación que ellos propiciaron.
En los últimos dos años, lo lógica de la relación de la Argentina con el Fondo fue más clara que nunca. El organismo –que ahora conduce el español Rato– vino exigiendo y logrando que los gobiernos de Duhalde y Kirchner aprovechen el ajuste fiscal que naturalmente produjo la combinación de devaluación y default (subió la recaudación, bajó el gasto en términos reales y se dejó de pagar la mitad de la deuda) para obtener un nivel de superávit que permita renegociar y reanudar los pagos con los acreedores.
La relación tiene la particularidad de que el Gobierno le ha respetado al Fondo el status de acreedor privilegiado, dejándolo afuera del default y cumpliendo a rajatabla con las amortizaciones, al punto que en los últimos dos años ha cancelado deuda en términos netos por varios miles de millones de dólares.