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El fiscal federal tucumano Emilio Eduardo Ferrer y el titular del área de Política Criminal de la Fiscalía General de Política Criminal, Derechos Humanos y Servicios Comunitarios de la Procuración General de la Nación, Félix Crous, reclamaron a la Justicia Federal tucumana que revoque el arresto domiciliario del dictador Antonio Domingo Bussi. “No padece ninguna enfermedad incurable en estado terminal que lo haga acreedor de los privilegios de los que goza, previstos para presos de escasa peligrosidad o próximos a su deceso. Sostener que cumple prisión preventiva, es casi un eufemismo”, señalaron.
Los funcionarios explicaron que para que se otorgue ese beneficio deben cumplirse dos requisitos: ser mayor de setenta años o padecer una enfermedad incurable en período terminal. “El beneficiario de más de setenta años debe sufrir tal deterioro de la salud que haga su situación parangonable a la del enfermo terminal, a tal punto que ni siquiera necesite vigilancia policial, prohibida para garantizar una muerte digna junto a los suyos”, señalaron los fiscales.
Ferrer y Crous recordaron también que para que un juez otorgue la prisión domiciliaria debe haber un pedido de un familiar o una institución que asuma el cuidado del detenido y que deben realizarse exámenes médicos, psicológicos y sociales. “Con la exigencia de ponderar este conjunto de requisitos se trata de evitar todo tipo de trato diferencial o privilegiado que, injustificadamente y según la persona del sujeto encarcelado, pueda vulnerar el principio de igualdad”, recalcaron. Luego mencionaron que en la causa por la desaparición de Guillermo Vargas Aignasse, por la que fue detenido Bussi, no hay informes psicológicos o sociales que justifiquen la detención domiciliaria del dictador y sólo hay un informe médico de una junta de médicos forenses de la Corte Suprema. El resto son partes de la historia clínica remitidos por la defensa de Bussi. Además, el represor no informó el lugar exacto de su detención. Simplemente dijo que era una casa en el kilómetro 50 de la Panamericana. En el expediente tampoco figura el familiar que se haría cargo del acusado.
“Nos alarma que el señor juez no sepa dónde pasa la noche el imputado, porque está a disposición conjunta, no indistinta, con la Justicia Federal de la Capital. A este panorama debemos sumar que la seguridad y el traslado ha quedado a cargo del Ejército, que no puede cumplir, por prohibición legal, labores policiales ni tiene entre sus funciones el traslado de detenidos”, afirmaron los fiscales.
La semana pasada, el juez federal de La Plata, Arnaldo Corazza, le negó el beneficio de prisión domiciliaria al represor Miguel Osvaldo Etchecolatz.Al considerar la gravedad de los delitos por los que está preso. “Resulta intolerable que purgue la condena en la comodidad de un hogar, lo cual configuraría un insoportable privilegio, respecto de aquellos que con unos pocos años menos y habiendo cometido delitos menos graves, padecen una salud quebrantada que al no llegar a la situación de gravedad terminal les impide ser incluidos en el régimen en cuestión ni han gozado del privilegio de leyes como la de Obediencia Debida”, había afirmado uno de los jueces al condenar a Etchecolatz por la apropiación de una menor durante la última dictadura.