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A dos meses del cierre del canje, el Gobierno confía en que, ahora sí, podrá cerrar formalmente la operación. La atención está puesta sobre los jueces de la Corte de Apelaciones de Nueva York que citaron para mañana a una audiencia para analizar el embargo sobre 7000 millones de dólares en bonos argentinos. Economía quiere que se confirme el levantamiento de esa medida para así emitir los nuevos papeles de la deuda, aunque en los pasillos del Palacio de Hacienda ayer especulaban con la posibilidad de que la definición del tema podría quedar otra vez postergada, por lo menos por una semana más.
En las últimas semanas hubo distintos intentos del equipo económico por apurar los tiempos del tribunal, que hasta ahora fracasaron. La inminencia de la resolución tuvo impacto en la city. Cautelosos, los financistas hicieron ayer el menor volumen de negocios del año en el mercado cambiario ya que prefieren aguardar a la decisión judicial y dilatar sus decisiones. En la Bolsa lució una mirada un poco más optimista: las acciones líderes subieron un uno por ciento en promedio.
Los funcionarios de Economía siguieron trabajando bajo el supuesto de que los magistrados neoyorquinos levantarán el embargo en la audiencia de mañana. Roberto Lavagna quiere lanzar los nuevos títulos durante la primera quincena de mayo. En principio, el cronograma oficial indicaba que los nuevos papeles se lanzarían el 1º de abril.
A la audiencia están citadas las dos partes del conflicto: los letrados que defienden los intereses de la Argentina, del buffet Cleary, Gotlieb, Steen & Hamilton, y los abogados del NML Capital, un fondo buitre armado por el grupo Elliot, que posee una vasta experiencia en litigios contra países que se declararon en default. Este fondo había logrado que el juez de primera instancia Thomas Griesa impusiera un embargo por 7000 millones de dólares en papeles de la deuda argentina. Finalmente, ese juez levantó la traba pero esta medida fue inmediatamente apelada por NML Capital. Ahora se aguarda la resolución de la Corte de Apelaciones.
La estrategia del Gobierno consistió en suspender la entrega de los nuevos títulos a los inversores que adhirieron al canje. Los abogados argumentaron que los viejos bonos embargados no pertenecen a la República sino a los inversores, y que si se hubiese continuado con el trueque se le habría dado la razón al fondo buitre, que afirma lo contrario.
La pelea con el NML Capital no estuvo exenta de chicanas. Hace un par de semanas, el fondo buitre presentó una nota instando al Gobierno a seguir con el canje ya que el embargo pesaba sólo sobre una parte de la operación, que totalizó 62.000 millones de dólares.
La pulseada judicial quedó también enmarcada en la renovada puja del Gobierno con el FMI. Para Washington, la administración Kirchner debe cerrar trato con los inversores que rechazaron la reestructuración de la deuda, aun cuando todavía falte resolver la cuestión con los fondos buitre.