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La Cámara de Casación puede resolver dentro de más o menos dos meses si confirma la libertad de Omar Chabán o, por el contrario, si el empresario vuelve a prisión. En los pasillos de Tribunales se dice que las posibilidades de Chabán son parejas: 50 por ciento de que el fallo le salga favorable y 50 por ciento de que le vaya mal. Pero el problema central que se plantea es el de fondo: un cálculo optimista indica que el juicio oral por las muertes de Cromañón se haría, con suerte, a principios de 2007. Un cálculo más realista, basado en los tiempos habituales de la Justicia, lleva la fecha a fines de 2007 e incluso a 2008. Si en ese momento Chabán es condenado, por ejemplo, a 15 años de prisión, igualmente seguirá en libertad hasta que el fallo quede firme, o sea hasta que haya pasado por la Cámara de Casación y seguramente por la Corte Suprema de Justicia. Eso implica otro proceso cuya duración varía asombrosamente: hubo casos en que se tardó ocho meses y otros en que llevó más de tres años. Por lo tanto, si se confirma la excarcelación actual, un cálculo razonable indica que Chabán iría preso no antes de 2009.
El debate sobre la prisión preventiva tiene como trasfondo el tiempo que tarda la Justicia en expedirse. Si, por ejemplo, a fin de año se realizara el juicio oral, es posible que la gente perciba la cuestión de otra manera: “Ahora sale en libertad porque existe la presunción de inocencia, pero dentro de poco habrá justicia”, podría ser el razonamiento. La realidad es muy otra.
El jueves pasado terminó el juicio oral por la muerte de la maestra Claudia Flamini en La Boca. Un policía que perseguía a un grupo de delincuentes la mató en un tiroteo. El hecho ocurrió el 1º de noviembre de 2000, es decir que en un caso relativamente simple, donde no era muy sofisticado determinar quién disparó ni por qué, se tardaron casi cinco años para concretar el juicio oral.
En Tribunales, el juez Julio Lucini tiene fama de ser rápido y efectivo. En el caso Cromañón ya produjo los procesamientos de Chabán, su mano derecha, Raúl Villarreal, el representante de Callejeros y su encargado de seguridad, seis ex funcionarios del Gobierno de la Ciudad y cinco policías. Ahora convocó a los integrantes de Callejeros para fin de mes y a mediados de junio seguramente resolverá su situación. Vendrán pedidos de pruebas de los músicos, la realización de otras medidas pedidas por los funcionarios públicos procesados y todavía está por verse qué resuelve el juez respecto de los empresarios que son dueños del predio en el que está Cromañón. Luego vienen las apelaciones a la Cámara y, según algunos de los abogados que intervienen en la causa, la lógica indica que el proceso de elevación a juicio oral podría hacerse a principios de 2006 o mediados de ese año. El magistrado podría ir elevando a juicio, por ejemplo, primero la acusación contra algunos de los imputados y luego la de otros.
En ese momento entrará en escena el tribunal oral que resulte sorteado. Se inicia entonces el proceso que se denomina instrucción suplementaria, que consiste en que todas las partes piden la realización de pruebas que antecede al juicio oral. Algunos letrados consultados por este diario sostienen que ese proceso podría llevar un año, pero la mayoría de los abogados hablan de dos, lo que lleva la fecha de realización del juicio oral a mediados de 2007 o 2008 en el cálculo pesimista. Se trata de un caso complejo, con muchos imputados, algunos con posturas contradictorias, y cuatro partes querellantes que representan a distintos grupos de víctimas, que tampoco están totalmente de acuerdo.
Debe tenerse en cuenta que si los acusados como Chabán están en libertad, a los abogados defensores les conviene demorar el juicio todo lo posible. Por lo cual apelarán cualquier decisión del juez de instrucción y luego plantearán chicanas y recursos de todo tipo y van a pedir una cantidad asombrosa de pruebas preliminares en la etapa previa al juicio. Por ejemplo, se dice que uno de los puntos que llevará mucho tiempo es la determinación de las heridas que sufrieron centenares de personas en la noche de la tragedia, ya que no se juzgará a los imputados sólo por las muertes sino también por las lesiones, graves o leves.
Lo concreto es que en 2007 o 2008 habría juicio oral, seguramente tardará varios meses, y trascartón el tribunal emitirá un fallo. Todos los consultados coinciden en que el pronóstico es difícil y que dependerá de quienes sean los jueces que compongan el tribunal. O sea, que es posible que Chabán resulte condenado por homicidio culposo –matar por imprudencia, impericia– o, como es la calificación actual, por homicidio simple con dolo eventual, que consiste en matar sin intención, pero teniendo en claro que podrían producirse muertes, despreciando ese peligro y despreciando el propio resultado en el mismo momento de la tragedia. En cualquier hipótesis, Chabán podría ser condenado a cinco, diez o quince años de prisión, de los que lleva cumplidos sólo cinco meses. Sin embargo, tras el fallo del Tribunal Oral seguirá sin ir preso.
La presunción de inocencia continuaría hasta que se resuelva la segura apelación que interpondrán los abogados defensores y querellantes ante la Cámara de Casación. Aunque depende de la sala, esos tribunales suelen tardar entre seis y ocho meses en resolver el recurso. Sin embargo, se trata de un caso complejo y podría tomarse como antecedente lo ocurrido con Sebastián Cabello, aquel joven que atropelló a una madre y una hija mientras corría una picada. Desde que el Tribunal Oral lo condenó a 12 años de prisión, ha transcurrido casi un año y medio sin que Casación haya resuelto el tema.
Luego, el drama Cromañón llegaría a la Corte Suprema que, todo indica, denegará el recurso que se presente. Aún así, la resolución llevará su tiempo: tal vez otros seis meses, podría ser menos o podría ser más, depende de cómo evalúen el caso los integrantes del máximo tribunal.
Promediando el cálculo que hicieron ante Página/12 algunos de los penalistas más conocidos del país, Chabán tendría una condena definitiva en 2008 o 2009. Si logra mantener la excarcelación, recién en ese momento iría a la cárcel y empezaría a cumplir con la pena que le corresponda. Y no hablemos de las indemnizaciones a los familiares de las víctimas: las del asesinato de José Luis Cabezas, por ejemplo, todavía no se cobraron y ya han pasado ocho años.