Lo más impresionante de los últimos días no fue escuchar a Antonio Boggiano hablar hasta por los codos. El común de la gente antes ni le conocía la voz. Lo más notable resultó la naturalidad con que dijo que el Gobierno lo traicionó. Y no lo dijo en tono de confesión sino de denuncia. La de la ruptura de un supuesto pacto en donde el mismo denunciante estaría en falta grave. El intercambio de favores entre los jueces y el poder político fue el rasgo distintivo de la Corte menemista, un rasgo que el alejamiento de Boggiano pretendería eliminar. Es uno de los temas que roza el debate que reinstala la salida del magistrado: la conveniencia de achicar el alto tribunal o dejarlo con nueve miembros. En la Casa Rosada los cálculos son políticos. Apuntan a minimizar las suspicacias que puedan remitir a la cultura cortesana de los noventa.
La Corte Suprema tiene ahora dos lugares vacíos: el que dejó Augusto Belluscio, que se jubiló, y el que surge de la destitución de Boggiano, el último automático. Néstor Kirchner ya nombró cuatro jueces en el alto tribunal. Raúl Zaffaroni, Carmen Argibay, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti vienen dando muestras de autonomía. Varios de sus fallos perturbaron al Gobierno: desde los reajustes jubilatorios hasta la inconstitucionalidad de la ley de riesgo de trabajo. Y tarde o temprano, se sabe, limitarán el uso de los decretos de necesidad y urgencia.
En este contexto, Kirchner se debate entre dejar el tribunal como quedó ahora, de siete miembros con una cuota de prestigio ya ganado, o designar reemplazantes. En cualquiera de los dos casos estaría expuesto al reproche de haber puesto una mayoría “propia”. Cerca del Presidente dicen que no habrá definiciones hasta después de las elecciones.
Un sector del Gobierno pronostica que habrá dos nuevos nombramientos. Según el sistema público de designación que inauguró Kirchner, el plazo para proponer al sucesor de Belluscio vence esta semana, pero se puede postergar. Alegan que hacen falta puentes de diálogo con el tribunal y más supremos serían útiles. Señalan que “la transparencia” ya está instalada y no habría costo político. Muestran preocupación porque ahora no hay mayoría para resolver la pesificación de las deudas y los depósitos chicos. Atribuyen la idea de reducir la Corte a diputados duhaldistas y del grupo Talcahuano, que impulsan un proyecto “para empiojar la campaña”. Hasta ahora, el nombre que suena más fuerte es el de Mario Kaminker, un socio del ministro bonaerense León Arslanian.
En otros despachos sugieren que el achicamiento se descarta. Sería una forma de mostrar mesura ante la sociedad y desarticular la estructura que montó Menem. Respondería a una propuesta que desde hace varios años impulsan prestigiosas organizaciones de la sociedad civil.