“El proceso (que usarán las papeleras) es intrínsecamente contaminante. Teniendo en cuenta la magnitud de las plantas, su proximidad con centros urbanos y zonas agrícolo-ganaderas, las características del río Uruguay, que es en general limpio pero frágil, la utilización del agua para consumo y uso recreativo, resulta claro que las propuestas para las plantas Orión y Mbopicuá no permitirán alcanzar el objetivo de preservar el medio ambiente ‘al más alto nivel de exigencia en el mundo contemporáneo’, como fue acordado en nuestra primer encuentro.” Esta es la conclusión que la Argentina va a llevar a Montevideo el próximo lunes, cuando se realice la última reunión del Grupo de Trabajo de Alto Nivel Uruguayo Argentino, la comisión que Kirch-

ner y Tabaré Vázquez crearon para destrabar el conflicto por la instalación de las papeleras.

Sin que los técnicos hayan llegado a un acuerdo –en la cancillería creen que el Uruguay usó los 180 días de plazo para ganar tiempo–, la comisión emitirá dos dictámenes contrapuestos. La situación ya está definida, y el encuentro del lunes tendrá un carácter sólo protocolar: está previsto que sus integrantes hagan un acta y remitan los informes a cada gobierno.

El borrador del texto argentino, al que accedió Página/12, plantea las siguientes quejas:

- Las empresas Botnia y Ence –de origen finlandés y español respectivamente– están haciendo cosas que en sus países no les permitirían. “No cumplieron con los recaudos jurídicamente requeridos en sus naciones de origen para los casos de proyectos que pueden tener efectos ambientales transfronterizos”, dice el dictamen. En un proyecto de esta naturaleza, en España o en Finlandia “deben hacer una evaluación del impacto ambiental transfronterizo y una consulta a la comunidad transfronteriza”, aseguró a este diario un integrante del grupo técnico argentino.

- Ni las empresas ni la consultora del Banco Mundial analizaron “la localización elegida ni la compararon con otras alternativas de localización, como es requerido por la práctica internacioal. Cuando el asunto fue planteado por la Argentina, la delegación uruguaya respondió que “el motivo por el cual la planta se instaló en determinado lugar es ajeno al Grupo” y “ya es un hecho”.

- El Uruguay “se negó a considerar una suspensión de los trabajos hasta que se concluya la evaluación del impacto ambiental transfronterizo”.

- El monitoreo de los gases propuesto por las papeleras “es insuficiente”. El Uruguay no respondió las preguntas argentinas sobre el tratamiento de los residuos sólidos de las fábricas.

- Argentina considera “necesario encarar un plan de recomposición ambiental” y “así lo propuso reiteradamente a la parte uruguaya, sin encontrar eco para una iniciativa que recogiera propuestas de las comunas de ambas márgenes del río, para el tratamiento de efluentes municipales e industriales y la preservación y mejoramiento del paisaje en una zona de alto valor turístico”.