“Con total serenidad, venimos a solicitar que el mal desempeño no sea legitimado. De lo contrario, muchos Cromañón cargarán sobre nuestra conciencia”, amenazó el fiscal Jorge Enríquez quien, junto a Rubén Devoto y Jorge San Martino, consideró “probada y acreditada” la responsabilidad de Aníbal Ibarra en el incendio del boliche de Once. La Acusación solicitó a la Sala Juzgadora la destitución del suspendido jefe de Gobierno y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por diez años, que es el máximo establecido por la Constitución porteña. “Absolver a Ibarra sería consagrar la impunidad e invitar a los gobernantes del futuro a que desprecien sus deberes”, azuzó Enríquez en su discurso, aplaudido a rabiar por los familiares de las víctimas.

Para evitar problemas de cartel ante la profusión de cámaras de televisión, los fiscales se dividieron el alegato, que pronunciaron ayer por la mañana. Con 40 minutos cada uno, desglosaron los principales ejes que consideran probados a partir de los más de cien testigos que desfilaron desde mediados de enero. Así, según la acusación:

- No hubo una atención eficiente y coordinada a la víctimas por parte del SAME el día del incendio.

- El Gobierno abdicó de su poder de policía y no controló los locales bailables durante la gestión de Fabiana Fizsbin, una funcionaria cercana a Vilma Ibarra.

- Luego de la tragedia, con las mismas normas, el secretario de Seguridad Juan José Alvarez pudo clausurar y controlar los boliches.

- El gobierno centralizaba la decisión sobre si se clausuraba o no un local. No se permitía que decidiese el propio inspector.

- No se prestó atención a las alertas institucionales por parte de la Defensoría del Pueblo porteña, que advirtió sobre el peligro que representaban los locales bailables.

En base a estos puntos, pidieron la destitución de Ibarra por “mal desempeño” y diez años de inhabilitación para el funcionario. “Cromañón fue el desenlace fatal de una política de control que se decidía por conveniencia. Las inspecciones se realizaban discrecional y arbitrariamente”, fustigó Enríquez, que planteó que Ibarra “no tomó las medidas necesarias para que se controlaran todos los locales”. El ex macrista acusó a Ibarra de ser el verdadero “golpista” porque “niega la vigencia de las instituciones constitucionales, pretendiendo asimilar la competencia de control de la Legislatura con una destitución golpista”.

A su turno, Devoto remarcó que Cromañón “no fue un accidente ni una tragedia”, sino que “las causas de fondo que provocaron las muertes tienen relación con políticas nefastas de negociados, entrega de coimas, impunidad y desprecio por la vida del pueblo”. “No se trata, como dijo Ibarra, de controlar o ser responsable de lo que hace cada enfermera de la ciudad”, aseguró, y puntualizó que “hay un nexo entre esa trama corrupta de no control a los empresarios amigos y la improvisación y el desastre en la emergencia”. “Como dice la consigna, a los chicos de Cromañón los mató la corrupción”, resaltó. El fiscal criticó la actuación durante la emergencia de la subsecretaria de Derechos Humanos porteña, Gabriela Alegre, que anunció que le iniciará una querella por injurias.

El ex zamorista llegó a comparar el incendio con la explosión de la fábrica militar de Río Tercero, porque –según afirmó– fue abordada por “una clase política similar”. Con un ojo puesto en los tres legisladores kirchneristas de la Sala Juzgadora, le exigió al presidente Néstor Kirchner que “se mantenga prescindente y respete la independencia de la Sala”. La atención está centrada en lo que hará el bloque K, dado que tiene la posibilidad de evitar la destitución de Ibarra luego de que el diputado Gerardo Romagnoli decidiera apartarse, aunque ayer asistió a la sesión (ver aparte).

Finalmente, San Martino insistió en que el gobierno porteño “no atendió las alertas institucionales que podrían haber evitado la tragedia de Cromañón” y acusó a Ibarra de querer “intentar confundir a la ciudadanía, diciendo que un grupo de legisladores busca cambiar la decisión de los ciudadanos”. El ex bullrichista destacó que si Ibarra es destituido “será una lección de civilidad que recibirán los ciudadanos porteños”. “Será una lección para que la gente vuelva a confiar en la Legislatura, a la vez que el Ejecutivo porteño sabrá que hay alguien que lo controla”, concluyó.