Los grandes dueños de campos tienen un problema con el mundo cercano que los rodea, espacio al que consideran de exclusivo provecho, y con los habitantes de ese territorio. No lo explicitan en palabras pero sí en hechos, dando a entender que los argentinos deberían pagar lo que corresponde sin quejarse por los alimentos que ellos proveen al laborar la madre naturaleza. El Estado, además, tendría que dejar de molestarlos con esa idea trasnochada de que hay que pagar impuestos, y menos aún con esa exigencia de blanquear a los trabajadores rurales. Y, fundamental, todos deberían dar gracias a diario por la existencia de esa clase prodigiosa que si no hubiera sido por la intervención prejuiciosa de populistas y de la plebe, Argentina sería una potencia mundial. Muchas cosas se han dado vuelta en el debate económico por el lastre de décadas de confusión debido a la habilísima manipulación de elementos cruciales de la dinámica y desarrollo del negocio agropecuario, desde la concentración y las nuevas formas de control de las propiedades hasta las impresionantes ganancias que se contabilizan. Ese barullo es alimentado por economistas-voceros de los intereses de ese sector, que filtran al resto de la sociedad inquietudes absurdas, como la que pronostica una escasez futura de carne –como si hoy no existiera– por la liquidación de stock ganadero debido a la prohibición temporaria de exportación. Desorientación que afectó también a la inteligente pero cada vez más terca Elisa Carrió, que el miércoles pasado publicó un artículo en La Nación oponiéndose a esa medida y sugiriendo, entre otras discutibles iniciativas, bajar las retenciones a la carne y reabrir las exportaciones. ¿Los excelentes cuadros técnicos con que cuenta la dirigente del ARI le habrán calculado a cuánto subiría el kilo promedio de la carne en el mercado local si se implementaran ambas propuestas?

Para acercarse con seriedad a la actual crisis, además de tener en cuenta factores coyunturales como la salida de Brasil del mercado mundial por la aftosa y los efectos de la psicosis de la gripe aviaria en el hábito alimentario del consumidor europeo, se deben precisar tres cuestiones: 1. La tasa de rentabilidad del sector, con o sin retenciones, con o sin exportaciones. 2. Quiénes son los grandes propietarios agropecuarios y, por lo tanto, los principales dueños de la hacienda nacional. 3. Cuál es el grado de cumplimiento tributario de esos actores sociales.

Los ganaderos están contabilizando ganancias crecientes porque son poseedores de un bien escaso ante una demanda, en especial, externa creciente. Los valores que se marcaron en el Mercado de Liniers en lo que va del año han mejorado sustancialmente el ya elevado margen de rentabilidad bruto, aunque siguen por debajo en términos relativos respecto de la producción de soja, según lo indican estudios del Area de Economía y Tecnología de Flacso, que dirige Eduardo Basualdo. Este investigador explicó que la ganadería “sigue teniendo una rentabilidad extraordinaria y nadie piensa en liquidaciones de stock porque las exportaciones no se frenarán para siempre”. Desde la megadevaluación, el precio de la carne más que duplicó el índice de inflación. El novillo cotiza en dólares por encima del nivel que tenía antes del estallido de la convertibilidad, privilegio que pocos bienes pueden exhibir. Los valores de exportación se ubican en escalones muy elevados. Todo esto se traduce en márgenes de ganancia que aumentaron casi dos veces y media respecto de los existentes durante la convertibilidad. Nadie abandona tan próspero negocio por una medida de emergencia de un Gobierno que trata de ordenar un mercado que no es transparente y tiene déficit de carne.

Otra de las cuestiones necesarias de precisar es quiénes integran el primer eslabón de la cadena cárnica, lo que remite a quiénes son los principales propietarios en la provincia de Buenos Aires, el corazón de la ganadería. Para ello resulta imprescindible detenerse en las investigaciones de Basualdo sobre el tema, reunidas en una obra más extensa de reciente aparición: Estudios de Historia Económica Argentina.Desde mediados del siglo XX a la actualidad, publicada por la editorial Siglo XXI y Flacso. En ese trabajo se destaca que pese a la irrupción de los Fondos de Inversión Agrícola y Pools de Siembra, la concentración de la tierra no se ha alterado en las últimas décadas y sí la subdivisión en parcelas para pagar menos impuestos. “El 40 por ciento de la producción ganadera bonaerense es generado por 1250 propietarios de unidades de más de 2500 hectáreas”, precisa. Se trata de conspicuos integrantes de la oligarquía argentina, como los Duhau, Larreta-Anchorena, Leloir, De Apellaniz, Gómez Alzaga, Blaquier, como también las familias de los grupos Bunge & Born, Pérez Companc, Bemberg, Werthein, entre otros. “Las violentas modificaciones en la propiedad del capital (durante los noventa) no se expresaron en el sector agropecuario pampeano y específicamente en el agro bonaerense, aunque sí lo hicieron con alguna intensidad en la región extrapampeana”, destaca Basualdo. Los grandes propietarios controlan el 32 por ciento de la superficie de la provincia de Buenos Aires.

El tercer aspecto a considerar está vinculado con ese grado de concentración de la tierra y, por lo tanto, también del negocio agropecuario, y es la vocación de esa cúpula del poder económico de eludir sus responsabilidades impositivas. Es el caso del Impuesto Inmobiliario Rural, especialmente en sus dominios bonaerenses. Mediante el artilugio de subdividir las propiedades esquivan el carácter de progresividad del impuesto, como lo señalan las alícuotas bajas en los primeros estratos y que van aumentando a medida que crece la valuación fiscal de la parcela. Para no sobrecargar su presupuesto los hacedores de la Patria subdividen en diversas partidas sus campos y así abonan menos por el impuesto, ya que la suma de los gravámenes pagados por cada una de ellas es inferior al monto que debería pagar por una propiedad única de igual extensión. Por lo tanto, el proceso de subdivisión catastral en nada afecta la concentración de la tierra, ya que las parcelas en que se parten las grandes propiedades siguen perteneciendo, directa o indirectamente, a los dueños originales. De esa forma, los principales señores de la tierra convierten un impuesto progresivo en regresivo, puesto que las alícuotas medias del Inmobiliario Rural ejercen una mayor presión sobre pequeños y medianos propietarios, y no sobre los grandes, que eluden el pago mediante la mencionada subdivisión de partidas.

Si alguien quisiera, además, encontrar el punto de partida de la actual crisis, que es de deficiencia de oferta, debería mirar hacia adentro de la propia oligarquía ganadera. Fue uno de sus máximos exponentes el que diseñó la política más devastadora para el sector, que impulsó una liquidación masiva de hacienda en el período 1977-1982 que redujo de 61,1 a 52,7 millones de cabezas en ese lapso: José Alfredo Martínez de Hoz. Desde entonces no se pudo recuperar el stock ganadero.

Son pocos y poderosos, ganan mucho y pagan menos impuestos que lo que debieran. Son los dueños de ese bien escaso, de cuatro patas y que muge. Son los que tienen la vaca atada. Que la oposición política y los economistas mediáticos los presenten como víctimas por una medida transitoria que busca minimizar la incidencia del descontrol en el precio de la carne en el índice de la canasta básica de alimentos es, para expresarlo de alguna manera, un exceso.