Para la ministra de Derechos Humanos, Gabriela Cerruti, las muertes del narcotráfico no son ya una novedad. Cuando sólo hacía tres días que habían matado a Lucas Gómez, el hijo de la delegada Susana Acosta, Cerruti recibió –por otros asuntos de su área– a un grupo de representantes barriales entre los que estaba la mujer. Supo del crimen por el relato de la madre. Conoce la trama que se ha urdido en los últimos diez años en el Bajo Flores. Y cree que la única manera de controlar la violencia que produce el tráfico ilegal es “tener presencia en el barrio de todas las formas posibles”. Así, se imagina una villa 1.11.14 en la que la noche no sea el reino de los soldados narcos armados. Pero, ¿cómo? Por ahora, asegura, se trata de que si los vecinos no pueden denunciar lo que pasa en sus pasillos, lo haga el propio gobierno: “Sin ayuda de la Policía (Federal) –explica–, lo que comenzamos a hacer son denuncias a la Justicia en la Cámara del Crimen, para que se meta quien tenga que meterse”.

Fuentes cercanas al candidato y jefe de gobierno de la Ciudad profundizaron la crítica que desliza Cerruti, al frente de un área sensible en la que repercute el mayor obstáculo institucional de la administración porteña: no manejar la policía. “Se instalaron las cocinas de cocaína, y los vecinos aseguran que los chicos compran y venden parados al lado de la policía y no pasa nada –dice el funcionario–. No estamos coordinando con el gobierno nacional, pero imaginamos que están preocupados como nosotros. Lo cierto es que la cana los protege. Y nadie se ha metido con los negocios ilegales de la policía.”

En el gobierno manejan información nueva sobre el crecimiento de la venta de paco –desecho de la última fase de producción de cocaína– y, por lo tanto, la presunción fuerte de que las cocinas están en la ciudad, no sólo en el conurbano. La ministra Cerruti estuvo el viernes reunida con madres de chicos adictos de varias villas de la ciudad. Una de ellas llegó tarde porque habían baleado a uno de sus niños en Villa Soldati.

Hace dos semanas, una nena fue baleada en el Bajo Flores en un tiroteo de supuestos narcos. Asesores de la Secretaría de Vivienda de la ciudad le dijeron a Página/12 que han detectado conflictos con los intereses de los narcos en la apertura de calles que podría dificultar el tráfico.

Cerruti confirmó ese dato. “¿Cuáles son los conflictos? No permiten la apertura de calles; al no permitir eso, no permiten el desarrollo de otras políticas de desarrollo que los vecinos quieren”, le dijo a este diario. “Por eso creemos que debemos formar una cadena humana contra el narcotráfico –lanzó–. Los vecinos y las madres dicen que no pueden denunciar porque se ponen en peligro, entonces denunciará el gobierno. Creemos que hay que hacer algo como lo que se hizo en el gatillo fácil. Hay que convertir en un clamor de toda la sociedad que debemos detenerlos, porque nos están matando a los chicos por paco o por narcotráfico.”

Las muertes como efecto del crecimiento del contrabando de drogas en la Capital comenzaron en 1996 cuando fue eliminado el primer jefe peruano del Bajo Flores, Julio Valderrama. Lo sucedió al frente de la banda su compatriota, Julio Chamorro, que duró como capo hasta que lo emboscaron el 11 de febrero de 1999. Desde entonces el poder quedó en manos de Salvador, como le dicen los vecinos a Marcos Estrada González, un hombre del que muchos vecinos hablan como si se tratara de un benefactor.

Página/12 ha contado diversos capítulos de esta guerra desde que el 29 de octubre un grupo mató a cinco personas durante la procesión del Señor de los Milagros, queriendo matar a Salvador. En el barrio Rivadavia nuevas bandas, como “Los Soliz”, han intentado imitar la concentración de poder territorial que se da en la 1.11.14. Varios vecinos amenazados de muerte han tenido que escapar de las balas. “¿Sabe usted quién pagó el hotel cuando nos tuvimos que ir?”, le dijo una madre a este cronista hace algunas semanas. “Fue Marcos; él nos ayudó, por eso muchos lo defendemos.”