Martes, 27 de noviembre de 2007 | Hoy
EDUARDO SANTIN *
“La Corte finalmente hizo lo que no pudieron los otros poderes. El Gobierno dejó la movilidad sujeta a decisiones políticas. Pero está bien que el tema no dependa del buen humor de los gobernantes de turno y que los jubilados sepan qué les espera. Y, aunque la resolución es un poco tardía, mejor ahora que nunca.
Las jubilaciones tienen que estar atadas al movimiento de los salarios: es imprescindible un mecanismo de actualización preciso. Claro que esto debería haberse fijado antes por ley, del mismo modo que los jueces tendrían que haberse expedido antes sobre la inconstitucionalidad de la ley de Solidaridad Previsional, que fue sancionada en 1995, fundamentalmente, en el artículo que liga la evolución de los haberes a la asignación presupuestaria.
La movilidad no es un problema presupuestario. Vista así, los jubilados se pueden transformar en la variable de ajuste. El fallo es un avance fantástico para el conjunto de los jubilados.”
* Ex diputado radical.
MARIA A. GONZALEZ *
“Para Badaro es excelente, sólo que fija una actualización por índice salarial sólo hasta fines del 2006. A partir de entonces, reconoce los aumentos del Poder Ejecutivo y este mecanismo deja muy librados los aumentos a la arbitrariedad de los funcionarios de turno. Esperaba que la Corte resolviera el problema de un modo integral, fijando un índice. Pero el inconveniente es que no soluciona el problema de todos los jubilados sino sólo de Badaro y los que iniciaron juicio. De algún modo, incentiva a ir a los tribunales para obtener un ajuste de los haberes que, si desde el 2002 al 2006 se hubieran actualizado por el índice de variación salarial, se tendrían que haber incrementado un 88,57 por ciento. Finalmente, los que quieran iniciar hoy una demanda tienen que tener en cuenta que la retroactividad es por dos años. En el Presupuesto 2008 cometimos la torpeza de que el PEN le pida al Congreso que reclame al Ejecutivo un proyecto para fijar la movilidad, cuando en el Parlamento hay varios proyectos en ese sentido que no prosperaron.”
* Diputada ARI autónoma.
ALBERTO BARBEITO *
“Hay un fallo de la Corte que tiene un año y que ordenaba la actualización de los haberes, instruyendo al Congreso a sancionar la normativa que permitiera fijar la actualización. Pero la realidad es que el Poder Ejecutivo Nacional hizo caso omiso, fundamentando que la actualización operaba de hecho al ser fijada con partidas presupuestarias.
El Congreso no aprobó el criterio de actualización de haberes, básicamente porque la bancada justicialista no dio cursos a los proyectos. Finalmente, el Presupuesto 2008, que acaba de sancionarse, previó una salida muy sui generis, a través de un artículo que reclama al Ejecutivo que envíe una propuesta de movilidad al Parlamento, aunque sin fecha límite.
Además, tampoco se fija una partida de aumentos para el próximo año. Claro que como la recaudación está subestimada, finalmente puede haber recursos excedentes que el Ejecutivo podría destinar a aumentos, a través de decretos de necesidad y urgencia, de un modo muy arbitrario.”
* Economista.
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