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La guerra del MP3 cobró su primera víctima con nombre y apellido: la RIAA (Recording Industry Association of America) impulsó el juicio a 261 usuarios de Internet que bajaron u ofrecieron archivos MP3, y uno de ellos debió someterse a un arreglo extrajudicial en el que tuvo que pagar 2 mil dólares. Sin embargo, difícilmente la RIAA pueda exhibir este paso como un logro, y en rigor está recibiendo más críticas que apoyos. Es que la primera persona en riesgo de juicio se llama Brianna Lahara, y no se trata de uno de esos hackers, piratas o mafiosos que los representantes de la industria discográfica suelen estigmatizar como responsables de la fenomenal caída de ventas del sector: Brianna es una jovencita clase media de escasos 12 años y fue su madre, Sylvia Torres, quien debió lidiar con la corte neoyorquina.
Tal como viene reflejando este diario desde comienzos de año, las compañías discográficas del Norte están decididas a dar toda batalla posible a la sangría económica que significa el intercambio libre de canciones en la web, sin fijarse en sutilezas. Primero fue la presión parlamentaria, luego la emisión de citaciones judiciales a los proveedores de internet para que revelaran la identidad de quienes participan del intercambio, después las amenazas de expulsión a infractores en los campus universitarios, y ahora la acción judicial directa. Las 261 demandas -todas ellas a personas entre 12 y 22 años– se realizaron en base a la acusación de que ofrecer archivos en Internet es violatorio del Digital Millennium Copyright Act, pero a la vez Cary Sherman, presidente de la RIAA, no se privó de azuzar a los senadores estadounidenses afirmando que el intercambio es también el origen de la proliferación de pornografía infantil en internet. La presión hizo que Alan Morris, presidente de Sharman Networks (la compañía que opera Kazaa, el sistema más popular de intercambio de MP3), saliera al ruedo para decir que la mayoría del material de pornografía infantil surge de sitios web a los que se accede por el software de navegadores, y que “los sellos discográficos perpetúan estos rumores como parte de su estrategia para desacreditar a los sistemas de intercambio peer to peer”.
Junto con el anuncio de las demandas, la RIAA informó también que abrió una lista de “amnistía”, para todo el que confiese que suele bajar u ofrecer archivos MP3, entregue todos sus datos personales, destruya los archivos que posea y prometa no hacerlo más: a cambio, la Asociación desistiría de todo proceso por “acciones del pasado”. Frente a este estado de cosas, algunos decidieron ir más allá. Ira Rothken, abogado de Marin County (California), presentó a su vez una demanda contra la RIAA por “prácticas comerciales fraudulentas”, en la que señala que “ningún documento de esa supuesta amnistía se compromete a no entablar demandas”, y a cambio se pide el nombre completo, dirección, e-mail y teléfono del sujeto. Rothken apunta también que “la RIAA va a recolectar y guardar la información en algún lado, y lo preocupante es que no puede saberse si esa información se va a filtrar a cada compañía discográfica. No hay nada en el acuerdo de amnistía que impida a los sellos demandar a esos usuarios”. Con ello, el abogado intenta equiparar el debate sobre la violación de copyright a otro aún más preocupante: el de la violación de la privacidad de las personas.
Mientras abogados, analistas y jueces observan con lupa una serie de cuestiones de difícil resolución –sobre todo porque involucran tecnologías y situaciones raramente contempladas en la legislación estadounidense–, las respuestas más críticas llegan desde el mismo gremio que la RIAA dice defender: “El intercambio de archivos es una realidad, y las compañías deberían aprender a incorporarlo a su negocio de algún modo. Demandar judicialmente a una chica de 12 años es como si los conductores de carros a caballo demandaran a Henry Ford”, dijo el hipervendedor Moby, una voz más en la serie de protestas que empezaron a asomar el viernes. Chuck D, líder de los combativos Public Enemy, fue aún más áspero: “¿Unademanda a una chica de 12 años por bajar música, obligando a su madre a pagar 2 mil dólares? Estas tácticas de terror son pura Gestapo”, dijo el rapper. David Draiman, cantante de los pesadísimos Disturbed, no puede salir del asombro. “En esto no hay ninguna ciencia complicada. En vez de gastar su dinero litigando contra pibes, los mismos a los que en primer lugar les quieren vender sus productos, las compañías deberían aprender a usar internet de un modo efectivo”, dijo, para cerrar con otra frase contundente: “Para proteger a los artistas, mi culo. Yo no pedí que me protegieran, ni quiero su protección”.
Bob Weir, integrante de los míticos Grateful Dead, dijo por su parte que la RIAA “intenta proteger una industria arcaica: deberían poner más atención a los nuevos modelos”. Otros, como los veteranos rockers Huey Lewis y Sammy Hagar, tratan de profundizar el análisis: “Mis regalías con Van Halen son cosa del pasado”, señaló Hagar, pero a la vez relativizó las ganancias que los músicos obtienen por esa vía. “Probablemente Bruce Springsteen haya hecho más dinero con sus actuaciones del mes pasado que con las regalías de toda su carrera”, dijo Lewis. Muchos músicos comparten la visión de que la industria es “un monstruo gigantesco, con demasiadas bocas intermedias para alimentar, vendiendo un producto sobrevaluado y muy a menudo mediocre”. Gregg Rollie, integrante de Journey y la banda de Santana, destacó que “la gente piensa que los músicos ganan un montón de dinero, pero en realidad nos llevamos la parte más pequeña del negocio”.
Mientras tanto, aquellos que defienden el formato MP3 como posible forma de negocio, y no sólo piratería, enarbolan datos que la RIAA prefiere ignorar. En eso se incluye la buena respuesta que obtuvo el I-Tunes Store impulsado por Apple Computers, y que vende canciones a 99 dólares de dólar, con una prolija rendición de cuentas a los artistas. Todos los músicos mencionados remarcan el dato nada casual de que el exitoso sitio no está manejado por los sellos, sino por una compañía de computadoras.