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El periodismo es una actividad compleja. Quienes eligen la tinta y el papel, la radio o la televisión como espacio de publicación de noticias saben que deben medir y asumir la responsabilidad de sus palabras. Así como el alcance público de sus análisis y columnas de opinión.

El caudal informativo –en tiempos digitales– reproduce datos con una aceleración constante y vertiginosa. Siempre son presentados como reales y, en gran parte de los casos, terminan naturalizados como propios por parte de la opinión pública.

Entre aquella representación y los hechos suelen crearse agujeros negros, con personajes aún más oscuros que supieron interpelar a los poderes fácticos para fines corporativos. La trama silenciada por más de tres décadas en la conformación de Papel Prensa es sólo una muestra de las tensiones que negocian hasta hoy con la vida y con la muerte.

Eso ocurrió en la primavera alfonsinista cuando la prensa uniformada celebró el retorno a la democracia mientras adecuaba sus modelos de negocios a la nueva etapa y, en la actualidad, con la creación de un clima de época que intenta equiparar al terrorismo de Estado de la última dictadura, con los particularismos de una violencia política que responde espasmódicamente al pasado y sus esbirros, lamentablemente residuales entre las generaciones (de/y) con canas que revisten en las fuerzas de seguridad.

El diario La Nación está de festejo. Esta última semana cumplió 141 años y para celebrar recuperó aquella postura que lo constituyó simbólicamente como “tribuna de doctrina”, a pesar de haber negociado con los poderes de turno en cada etapa golpista de la Argentina reciente.

Para ello, no apeló al grotesco de Cecilia Pando y su Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina (AFyAPPA), que defiende a torturadores, apropiadores de bebes y militares asesinos. Esta vez, una sutil orquestación mediática tomó un artículo de The Wall Street Journal, firmado por Mary Anastasia O’Grady, donde la periodista destaca la labor de una joven abogada que con apenas 35 años descubrió que en Argentina hubo insurgencia armada entre 1969 (tiempos de “Onganiato”) y 1979.

Victoria Villarruel es autora de Los llaman jóvenes idealistas (2009) y no tuvo mejor idea que transmutar el nombre del prestigioso Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) –fundado en 1979 y reconocido internacionalmente por su búsqueda exhaustiva para documentar delitos prescriptos y perseguir aquellos de lesa humanidad– con la creación del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas.

Allí, reitera una metodología de investigación utilizada por las Juntas Militares en El terrorismo en la Argentina (1980), publicación en base a recortes periodísticos para justificar el accionar sangriento de Jorge Videla, Emilio Massera, Eduardo Viola, Orlando Agosti, Leopoldo Galtieri y el resto de sus compañías a cargo.

Como en aquel texto utilizado de material pedagógico en los liceos militares hasta hace algunos pocos años, omite el accionar de cuerpos libres policiales conocidos como “Triple A”. También que esos cadetes educados en democracia bajo la “doctrina de la seguridad nacional” son jóvenes oficiales de carrera.

Lo cierto es que un poco antes de la fecha señalada en su calendario celebratorio, el matutino transitó una experiencia previa desde 1862 con la Nación Argentina. Fue la última trinchera política de Bartolomé Mitre, hasta dejar la presidencia en 1868.

De vez en cuando resulta necesario recorrer algunas regularidades históricas cuando se habla de periodismo faccioso, libertad de prensa, medios corporativos, oficialistas, conspirativos o, en algunos casos, infames.

* Docente-investigador Iealc-UBA.