La División Roca de la Policía Federal vuelve a estar en el ojo de la tormenta, esta vez, por su participación en la causa judicial iniciada por el corte de vías en Avellaneda. La defensa de los cuatro imputados apeló la medida dispuesta la semana pasada por el juez Luis Armella, quien procesó por extorsión e interrupción de transporte público terrestre a tres integrantes del Partido Obrero y a un ferroviario despedido. Con el apoyo de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), la abogada Claudia Ferrero señaló –entre los argumentos del escrito presentado ayer en el Juzgado Federal Nº1 de Quilmes– que los efectivos que realizaron tareas de inteligencia, labraron el acta por el corte de vías y detuvieron a los manifestantes “son las mismas personas” a las que la fiscalía imputa en la causa por el homicidio de Mariano Ferreyra y las heridas que sufrieron Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos el 20 de octubre, durante una movilización de trabajadores tercerizados y agrupaciones de izquierda. La imputación se basa, justamente, en testimonios aportados –entre otros– por tres de los cuatro procesados: Eduardo Belliboni, Jorge Hospital y Omar Merino.

El comisario Jorge Raúl Ferreyra, el subcomisario Claudio Premuda, los principales Omar Póvolo y Carlos Dante Farías, el inspector Gastón Domecq y el sargento Gabriel Eduardo Barberán –todos integrantes de la División Roca de la Policía Federal– fueron señalados por la defensa como los encargados de las tareas de inteligencia, detenciones y allanamientos realizados el 26 de diciembre en los domicilios de Hospital y Merino. “Hay un claro interés en los policías Ferreyra, Domecq, Póvolo, Farías y Premuda en incriminar falsamente a mis defendidos, pues desacreditarían a quienes los señalaron como cómplices del crimen de Barracas”, consideró Ferrero en su presentación, a la que tuvo acceso este diario.

A los cinco policías se los investiga por haber omitido, aquel 20 de octubre, informar al magistrado de turno que se había producido un asesinato y había varios heridos, y por no resguardar el lugar del hecho, permitiendo que se perdieran elementos de prueba. Según el escrito de la defensa, tal accionar policial facilitó “los medios para alcanzar la impunidad sobre el hecho”. La Fiscalía de Instrucción Nº 4 –a cargo de Fernando Fiszer desde que Cristina Caamaño fue designada como viceministra de la flamante cartera de Seguridad– investiga la conducta de la Policía Federal, con la sospecha de que la zona fue liberada durante el ataque ejecutado por la patota de la Unión Ferroviaria. La abogada Ferrero también recordó las irregularidades que tenían el video y las grabaciones de las comunicaciones presentados por la policía ante la solicitud del juzgado que encabeza Wilma López.

Al procesar la semana pasada a Hospital, Merino, Belliboni y Miguel Morales, el juez Armella consideró el acta de procedimiento labrada por personal de la División Roca de la Federal, las declaraciones de los policías Carlos Farías, Gastón Domecq y Omar Póvolo. “Carlos Farías menciona que el señor Hospital fue quien le dijo que no iban a levantar el corte hasta tanto no se cumpla con las demandas de reintegrar a sesenta despedidos de Ugofe”, destacó el fallo. Sobre la intervención policial en la causa, la abogada de los procesados sostuvo: “Es evidente la total coincidencia entre los ‘testigos’ que imputan a mis defendidos y aquellos policías que, desde el 20 de octubre del año pasado, están siendo investigados”.

La abogada María del Carmen Verdú (Correpi) también se sumó a la denuncia y aseguró que los policías que dirigieron la investigación por el corte de vías “son los mismos que tenemos imputados en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra, todos pertenecen a la División Roca de la Policía Federal; Jorge Raúl Ferreyra manejó la instrucción”. Con esta presentación, la defensa busca la nulidad de los procesamientos de Hospital, Merino, Belliboni y Morales. Ahora la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata tendrá que definir la situación de los procesados.