En el marco de los estudios de todos los legajos de oficiales de la Policía Federal que aspiran a ascensos, la ministra de Seguridad Nilda Garré resolvió ayer pasar a disponibilidad preventiva a ocho comisarios. Siete de ellos están procesados por la jueza María Romilda Servini de Cubría porque presuntamente se quedaban con parte del dinero que se les debía pagar a los agentes que realizaban adicionales. También quedó en la misma situación el recientemente designado superintendente de Asuntos Internos de la fuerza, Raúl Timossi, quien sancionó al cabo denunciante Fernando Sousa Helguera, pese a que la Justicia determinó que dos denuncias posteriores en su contra, anónimas, realizadas casi como una venganza, resultaron falsas. Sousa Helguera no tendría que haber sido sancionado, pero Timossi violó la norma que indica que un efectivo no puede ser penalizado cuando la Justicia lo declara inocente.

En el año 2001, el cabo Sousa Helguera trabajaba como fotógrafo en la División Científica de la Policía Federal. Por entonces, se dio cuenta de que le habían dejado de pagar las horas extras –adicionales– que realizaba, pese a que firmaba todos los meses los recibos correspondientes. El suboficial empezó a averiguar qué ocurría y se enteró que lo mismo le pasaba a otros efectivos de Científica. Finalmente decidió hacer la denuncia, que recayó en la jueza federal María Romilda Servini de Cubría. La causa fue la número 4783/05. La magistrada investigó a 28 oficiales, entre ellos a veinte comisarios y al final de la pesquisa judicial resolvió procesar a siete de los imputados. Los cargos fueron peculado –que consiste en quedarse con dinero público– y falsedad ideológica. Ayer, Garré resolvió pasar a disponibilidad preventiva a todos los oficiales procesados, al menos hasta que haya sentencia judicial. Según los trascendidos, las pruebas contra los uniformados serían muy contundentes, entre otras razones porque decenas de efectivos declararon en su contra y habrían sido sujetos de la misma maniobra: realizaban horas extra, firmaban los recibos, pero no se les pagó lo que correspondía.

La situación de Timossi es igualmente comprometida. Después de hacer la denuncia, Sousa Helguera recibió dos imputaciones en su contra. Se lo acusó esencialmente de venderles información sobre la salud de efectivos policiales a dos estudios jurídicos. Estas denuncias anónimas también terminaron en la Justicia, pero, además, Asuntos Internos abrió un expediente contra Sousa Helguera. El instructor del legajo fue Timossi.

El delito supuestamente cometido por el cabo fue exacciones ilegales, que consiste en exigir dinero a particulares desde el Estado. La investigación judicial demostró que las denuncias contra Sousa Helguera fueron falsas, al punto que el dictamen final de la Justicia fue que “los delitos nunca se cometieron”. Pese a lo indicado por el expediente judicial, Timossi igualmente sancionó a Sousa Helguera, algo que es ilegal ya que la norma indica que si la Justicia sobresee a un integrante de la fuerza, ésta no puede tomar determinaciones que van en contra de lo resuelto por los jueces.

Para peor, un análisis del expediente de Asuntos Internos demostró varias irregularidades. Entre otras, que se realizaron escuchas ilegales a estudios de abogados y que a Sousa Helguera se le negaron los derechos de defensa. Sobre la base de todos esos elementos, el entonces fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, realizó una nueva denuncia en la Justicia y, además, le pidió a la Policía Federal que reponga en su puesto a Sousa Helguera, aunque el cabo ya se pasó al campo de la política, incorporándose a las huestes de Felipe Solá en Esteban Echeverría.

Desde que asumió como ministra, Garré, y la secretaria de Seguridad, Graciela Caamaño, tuvieron que dedicar parte importante de su tiempo a resolver sobre los ascensos en todas las fuerzas que dependen de esa cartera. La fecha tradicional es diciembre, pero los legajos siguen en estudio para fundamentar las decisiones que se tomen. La disponibilidad preventiva de Timossi y los otros ocho oficiales de alto rango son producto justamente de la revisión de los legajos.

La lógica indica que Garré tendrá que designar a otro superintendente de Asuntos Internos, un puesto clave porque es quien tiene la responsabilidad de controlar a la fuerza desde el punto de vista de la disciplina y, sobre todo, de los casos de corrupción. Tanto Garré como Caamaño adhieren al Acuerdo para una Seguridad Democrática que, entre otros puntos fundacionales, sostiene que lo óptimo es que Asuntos Internos esté a cargo de civiles e incluso que se adopte el modelo que hoy ya tiene la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en la que Asuntos Internos funciona como una auditoría externa, es decir que no está bajo la disciplina de los jefes de la fuerza. En ese esquema, lo razonable es que Asuntos Internos dependa exclusivamente del propio ministerio.