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El debate sobre una ley de servicios de comunicación audiovisual visibilizó a nuevos sujetos que hasta hoy siguen bajo las sombras de las grandes corporaciones mediáticas y sus negocios. Su aparición en el debate les otorga una legitimación que incomoda al “establishment” mediático, que les asigna un lugar marginal y estigmatizante.

Ingresamos al siglo XXI con un estallido social que los medios masivos reflejaron en sus programaciones, mediatizando un fuerte reclamo popular a la clase política bajo el lema “que se vayan todos”. En este escenario de rupturas los medios de comunicación eran testigos de la urgencia popular. Frente a esas fragmentaciones sociales y simbólicas comenzó a hacerse más evidente que hacía falta un replanteo de un sistema que políticamente se estrellaba contra el suelo. Hoy vemos que el que se estrella es el sistema financiero y que arrastra al político a tomar una postura clara frente a los representados. Las corporaciones financieras que operan en vastos sectores de la economía, conformando grupos económicos que manejan más de un rubro en la producción pero que responden a una misma sociedad también tienen sus aparatos mediáticos que actúan como poder.

Frente a esa fragmentación social el discurso único de los medios masivos se observa fortalecido. Es un espacio de poder que los medios de comunicación no disputan sino que utilizan con una intencionalidad política clara, llenar los espacios que deja libre esa sociedad fragmentada.

La ausencia de objetivos que nos mancomunen, la impronta individualista que se interpuso, junto con un modelo de desarrollo “poco sustentable”, por sobre un modelo colectivo e inclusivo son las claras evidencias de este proceso. Sobre esta fragmentación: social, política, económica y cultural, los medios masivos de comunicación se homogeneizan en su discurso. La instalación en la agenda de los asuntos económicos siempre es más urgente que cuestiones vinculadas a la educación, la cultura o la recreación, entre otros temas que hacen a la construcción identitaria y colectiva del pueblo. En este juego perverso de política y medios se simplifica el discurso y el debate sobre cuáles son las demandas sociales que necesitamos sean atendidas.

Responsabilidad social de los medios de comunicación es el compromiso que tienen al momento de emitir información veraz cuyos contenidos no afecten los derechos de las personas a las cuales se alude y sobre el rol de servicio social que tienen de cara a la ciudadanía. El impacto social y la fuerza política de un medio de comunicación corre con amplia ventaja respecto de la que pueda tener el ciudadano medio, por lo que, a este “aparato mediático” le corresponde un compromiso ético y social que debería superar los intereses individuales.

En términos de “responsabilidad social” sobre los medios, se sostiene la función de tener que informar. El modo de titular una nota, el abordaje de la información, la estructura narrativa o la editorialización del acontecimiento político son herramientas que instituyen al medio frente a los ciudadanos y que estos legitiman. Ese vínculo, que por momentos parece tan estrecho, entre medios y ciudadanía se fortalece con el juego de complicidad y legitimaciones “ingenuas”.

En esta línea es atendible observar el rol de los comunicadores en la medida en que su trabajo carga sobre la responsabilidad de informar sobre un hecho político, económico, social o cultural, requiere de rigor profesional y responsabilidad ciudadana en tanto su producción es parte del proceso político que su crónica o editorial destaca.

El espacio mediático es un espacio de lucha simbólica por el poder. Hay actores sociales que intervienen en ese espacio forjando un “sentido común” sustentado en valores interpretativos e interpelativos que formarán la opinión de un amplio sector social que lo legitimará en sus complicidades. El rol de los medios es parte de un debate que nos debíamos. Mientras los más corporativos intentan disimularlo, la ciudadanía es parte y testigo del replanteo y los alcances de estas nuevas voces en el campo comunicacional, que vienen a formar parte de un nuevo desafío que implica la consolidación de la democracia. La apuesta es un desafío de toda la ciudadanía para comenzar a disputar, también simbólicamente, el poder y que su práctica sirva para ir más allá de una reglamentación y que la comunicación sea un ejercicio de hecho y de derecho.

* Periodista e investigador del Centro Cultural de la Cooperación.