La medida se tomó en 2004, bajo el gobierno del entonces presidente Luiz Lula da Silva: un veinte por ciento de las vacantes de todas las universidades federales brasileñas está reservado para la población afrodescendiente, la más afectada en términos sociales. El Partido Demócrata, el mayor representante de la oposición derechista, recurrió a la Justicia. Ayer, el Supremo Tribunal Federal se expidió: “Tres siglos de esclavitud dejaron cicatrices que se reflejan en la diferenciación de los afrodescendientes. La injusticia del sistema es absolutamente intolerable”, argumentó para rechazar que el “cupo racial” sea inconstitucional.