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Por Marta D. de Albarracín *

Aproximadamente un 10 por ciento de los casos de familia derivados a nuestra institución consultan por denuncias de abuso sexual. De ellos, la mayoría proviene de la Justicia, y un pequeño número acude espontáneamente o a sugerencia de otra institución (escuela, hogar). En momentos en que ha aumentado notablemente la difusión de información sobre el fenómeno del abuso, las consultas también se incrementan en todos los servicios.
La tarea de este servicio es particularmente difícil porque no es un servicio público, incluido dentro de un hospital. En los hospitales suelen ser los pediatras los primeros en derivar al Servicio de Maltrato, generalmente a las madres que acuden movidas por sospechas sobre alguna situación abusiva o por consultas de rutina. Allí se indaga y se conforma o descarta tal sospecha, en base al examen médico, a las versiones de las madres y a las entrevistas con los niños. En nuestro caso, son muy pocas las consultas espontáneas: la mayoría pasó ya por el tribunal, que generalmente los derivó antes a un servicio público. Sólo cuando el juez duda del diagnóstico formulado por el servicio que intervino, o cuando no se ha llegado a algún diagnóstico concluyente, decide que nuestro servicio, considerado de alta especialización, haga una nueva evaluación.
Diversos estudios diferencian las denuncias de abuso sexual intrafamiliar ocurridas durante la convivencia de la pareja, de aquellas producidas post-divorcio/separación, cuando subsisten litigios por visitas o tenencia. Coinciden en que el mayor número de falsas denuncias corresponde a este último grupo. Además, muchos episodios de abuso, en particular con niños menores de 5 años, no dejan huellas físicas en la víctima y en consecuencia el diagnóstico debe basarse en testimonios y exámenes psicológicos. Determinar la veracidad de las denuncias es una compleja tarea que debe abarcar todos los niveles de análisis.
La experiencia indica que las intervenciones son extremadamente difíciles, e implican un alerta particular para los profesionales, cuando:
1) la familia está envuelta en un litigio previo por divorcio, visitas o tenencia, que generalmente incluye reclamos patrimoniales;
2) los contactos entre el acusado (generalmente el padre) y los niños se han interrumpido hasta que se decida si existe riesgo; dicha interrupción se extiende desde pocos días a cuatro años y más, con el consiguiente deterioro en el vínculo;
3) generalmente han intervenido ya uno o más psicólogos y psiquiatras, que diagnosticaron abuso en base a datos insuficientes o que no se pronunciaron. Estos profesionales, pertenecientes a servicios públicos, tienen un sesgo decididamente a favor del denunciante, hasta tal punto que la mayoría de las veces se han negado a entrevistar al denunciado y a otros familiares que no acuerdan con la sospecha de abuso;
4) los niños han sido interrogados reiteradamente, por la familia, jueces y profesionales, y se ignora hasta qué punto esos interrogatorios han sido sugestivos. Las versiones originarias se han deteriorado o bien se han implantado falsos recuerdos;
5) no existen pruebas físicas del presunto abuso;
6) el problema ha tomado estado público, no sólo por su difusión en el tribunal, en el hospital o en la escuela, sino que personas involucradas en él llegan a ir a programas en los medios a exponer su punto de vista. Esta publicidad torna muy difícil para el tribunal revisar lo actuado y reconocer eventualmente un error respecto del diagnóstico del abuso.
En las denuncias producidas en el marco de un litigio post-divorcio, es en general el tribunal el que ordena la validación de la denuncia, o bien que se estime la posibilidad de iniciar una revinculación entre el menor y el denunciado, ante un diagnóstico incierto realizado con anterioridad. En la mayoría de estos casos se ha operado un proceso de exclusión parental progresiva, cuya última instancia es la interrupción de un régimen de visitas. Esta es precedida por resistencia de los menores a sucumplimiento, episodios de agresión entre los progenitores, visitas asistidas, denuncias policiales e interrupción total del diálogo parental.
En este grupo, las víctimas suelen ser niñas, menores de 6 años, de las que se dice que han dado una versión acerca de una presunta conducta abusiva del progenitor visitante. La actitud del denunciante, todavía antes de recibir esta información, es en general de extrema suspicacia, con interrogatorios a los menores sobre sus actividades en las visitas, atendiendo de manera insistente a todo lo que parezca tener carácter abusivo. La resistencia de los niños a los encuentros es interpretada como defensa ante alguna clase de daño de que están siendo objeto y este supuesto conduce la indagación. Los esfuerzos del excluido por mantener el contacto son tomados –por el conviviente y los niños– como meras provocaciones y agresiones y como prueba de su carácter violento, más que como demostraciones de interés por los hijos.
La suspensión de los contactos, fáctica u ordenada por el tribunal, tiene consecuencias que conviene revisar, haya ocurrido o no el abuso:
u en primer lugar, los menores no alcanzan a comprender los motivos, pero saben que algo malo ha pasado, y generalmente se sienten responsables del alejamiento;
u el clima familiar se ha tornado muy hostil hacia el excluido y ejerce presión para que los niños oculten sus sentimientos positivos hacia él;
u con frecuencia, niños muy pequeños piensan que el acusado los ha abandonado, o que ha muerto, y, con mucha frecuencia, que está enojado con ellos;
u los intentos de revinculación o los encuentros ocasionales (escuela, tribunal) son tan violentos que hacen desear al niño que no se repitan;
u en general, los niños escuchan conversaciones entre adultos llenas de tensión y amenazas, que aumentan su angustia;
u de los pocos datos que reciben, surge el temor a ser secuestrados, alejados de su madre o castigados de alguna forma por el denunciado, a quien perciben como colérico y vengativo;
u se habitúan a descifrar, de las expresiones y estados de ánimo de los adultos, qué deben decir o hacer para evitar más violencia, y pierden toda espontaneidad;
u el acusado es asesorado por sus letrados para abstenerse de intentos espontáneos de restablecer el contacto, y se habitúa a hacerse acompañar por testigos o escribanos en previsión de nuevas denuncias;
u la percepción de amenaza por parte de los adultos incrementa todas las medidas de protección (cambios de teléfono y domicilio, contestadores automáticos las 24 horas, alerta a la escuela, abandono de salidas y actividades que expongan al encuentro con la contraparte, espionaje, bloqueo de encuentros/comunicaciones con familia y amigos del denunciado), y también conductas que apelan a soluciones mágicas (consulta con videntes y rechazo de objetos o regalos provenientes de la contraparte).
Prejuicios profesionales
El efecto del sesgo y las expectativas del experimentador han sido suficientemente estudiados durante este siglo. La información consistente con las expectativas es más fácilmente detectada y recordada; el número de casos confirmatorios es sobreestimado y las expectativas pueden asimismo deformar la información que resulta incongruente. Estudios realizados con niños de 5 y 6 años demostraron que sus recuerdos se tornaban inexactos y que perdían precisión con el paso del tiempo bajo la influencia del entrevistador, y que las notas tomadas por un previo entrevistador influían sobre el siguiente. Los recuerdos de los niños resultaron ser muy exactos, con pocos errores de omisión o comisión, pero, cuando las hipótesis de los entrevistadores eran incorrectas, despertaban un importante monto de información incorrecta, especialmente entre los más pequeños. Las creencias del entrevistador influían sobre su estilo de interrogar a los niños y sobre la consiguiente exactitud de los informesde éstos. Un estudio con niños de 5 y 6 años demostró que el 75 por ciento de los niños se conformaban rápidamente a las sugestiones del entrevistador, y que el 90 por ciento de ellos acordaban con la interpretación que éste daba de un evento.
Los datos provistos por esos tres estudios prueban el peligro de que el entrevistador cuente con una única hipótesis acerca de un hecho. Tanto que ésta sea correcta como incorrecta, puede influir fuertemente sobre la información dada por los niños. En la mayoría de los casos no se cuenta con la posibilidad de que otros entrevistadores puedan testear hipótesis alternativas si fallan los que intervienen inicialmente. Sin embargo, los entrevistadores deberían entrenarse en poner a prueba dos o más hipótesis simultáneamente, sin que ello implique desconfianza hacia el niño.
En cuanto a los abogados, una extrema alarma los embarga. En general, si no tienen experiencia en el tema, se sienten inmediatamente identificados con su cliente y aceptan, sin cuestionarla, la versión que éste da sobre la contraparte y, si se trata del letrado de la parte denunciante, sobre lo informado por el niño. La mayoría de ellos tiene hijos y se horrorizan ante las denuncias de abuso sexual. Por falta de información, incurren con frecuencia en algunas de las siguientes generalizaciones:
1. Si su cliente dice haber sufrido violencia psicológica o física de parte de su ex cónyuge, este dato es interpretado como predictor de abuso sexual. El razonamiento –erróneo– que se sigue es que, si alguien es “transgresor” en ciertas áreas de su vida, lo puede ser en otras.
2. Si el/la cliente informa que su ex cónyuge tiene hábitos sexuales promiscuos, o considerados “aberrantes” (por ejemplo: preferencia por sexo oral o anal, uso de videos o accesorios) o bien una sexualidad considerada muy intensa, este dato es también asumido en apoyo de la presunción de abuso.
3. Si el acusado ha incurrido en castigos físicos sobre los niños, se considera que también es capaz de abusar sexualmente.
4. Si el cliente juzga que su ex cónyuge tiene orientación homo o bisexual, por su historia o modales, este juicio afirma al letrado en la creencia acerca de la veracidad de la denuncia.
5. Si el acusado se muestra descortés o agresivo en reuniones o audiencias, también afianza la presunción de su culpabilidad.
Estas creencias precipitan al letrado en una verdadera cruzada en pos de la defensa del menor, de la que es muy difícil retornar. Es improbable que, en esta etapa de su compromiso, acepte que dicha defensa incluye asegurarse minuciosamente de que el abuso ocurrió, porque de lo contrario está contribuyendo a lesionar los mismos derechos que se propone defender.
En cuanto a los pediatras, la complejidad de temas médicos y psicosociales implicados en el abuso determina que la mayoría de ellos no estén suficientemente preparados para responder a este sector de su práctica clínica. La insuficiencia curricular, los factores afectivos limitantes y la carencia de cursos de especialización afectan su práctica. Si las evaluaciones médicas están bien conducidas, sirven al interés del niño y su familia. Por el contrario, una evaluación inadecuada puede dañar al niño y a su familia, por el estrés del examen y por la desinterpretación de los hallazgos clínicos. Un estudio realizado sobre respuestas a cuestionarios de 147 profesores y 64 residentes encontró insuficiente su preparación para este tipo de práctica clínica. Por lo general, los pediatras no disponen de un protocolo estandarizado de examen ni de un adecuado apoyo interdisciplinario.
Falsas denuncias
Tal como reconoce la American Psychological Association, no existen perfiles específicos de los abusadores, porque, como sus víctimas, son heterogéneos. Una constelación de factores que determinan el riesgo o la resistencia a cometer abusos intervienen en el fenómeno de la violencia familiar. Cuando los niños abusados no son identificados, o no reciben adecuado tratamiento, el costo para la sociedad, a largo plazo, es muy alto. Los adultos que fueron abusados requieren más psicoterapias e internaciones, y tienen más conductas antisociales y autodestructivas que los otros.
Cuando un niño está en riesgo, los psicólogos se ven involucrados. Ellos pueden contribuir significativamente a la adopción de medidas en por del bienestar del niño, y los datos que proveen deben aportar claridad para la toma de decisiones por el tribunal. La American Psychological Association se ocupa de actualizar periódicamente guías para instruir a los profesionales y al público en general. En nuestro país, la falta de unidad en el nivel de formación de los psicólogos en nuestro país y la carencia de asociaciones que supervisen su nivel de experticidad en la práctica, determinan que una importante porción de la población que debe ser evaluada por temas de protección de los menores no reciba un servicio adecuado. Los servicios no adoptan ni entrenan a su personal en modelos de evaluación basados en la evidencia científica. Tampoco se acude al consenso científico sobre el tipo de información que debe recogerse, ni sobre el método para hacerlo, que debe ser sensible y específico. Las decisiones basadas en informes de profesionales inexpertos o prejuiciados pueden ser altamente destructivas para la familia y la sociedad.
En nuestra experiencia con consultas provenientes de la Justicia, el alto número de casos que entrañan diversos grados de incertidumbre para la toma de decisiones es alarmante. La hipótesis de que las denuncias son usadas de manera creciente para impedir el contacto con un progenitor, en los casos de disputa por visitas o tenencia, dio lugar al estudio comparativo entre las denuncias producidas en el contexto de disputas legales y las originadas en otras circunstancias.
Nuestro estudio elaboró un protocolo para el análisis de 52 historias clínicas de familias derivadas por denuncias de abuso sexual: entre las denuncias producidas estando la pareja unida/casada, el 85 por ciento fueron veraces, mientras que, en las surgidas durante el litigio post-divorcio, el 66 por ciento fueron falsas. Las falsas denuncias se asocian fuertemente con grado de conflicto, destructividad en el litigio y tipo de abogado litigante. A su vez, el nivel educacional de ambos padres correlaciona positivamente con el grado de destructividad en el litigio.
Los resultados sugieren interesantes advertencias para los operadores de la salud y de la Justicia. La presencia de conflicto y/o litigio demostró influir fuertemente sobre la generación de falsas denuncias. Las denuncias producidas cuando la pareja está conviviendo resultaron ser veraces en mayor proporción.
La presencia de una alta proporción de falsas denuncias en los casos de litigio debe mover a los equipos a afinar sus instrumentos de diagnóstico en un proceso de capacitación continua, y a los magistrados y funcionarios a considerar con mucha prudencia la adopción prematura de medidas precautorias.

* Directora de proyectos del Conicet sobre maltrato, abuso y su prevención. Presidenta de la institución Ecosistemas Humanos. El texto publicado pertenece al artículo “Denuncias de abuso sexual: falsedad y veracidad”, incluido en Prevención en salud mental. Escenarios actuales, por Elsa Wolfberg (comp.), de reciente aparición (Lugar Editorial).