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En 1975, la empresa Mercedes Benz aportó durante casi un año el 1 por ciento de su facturación a un Fondo Extraordinario de Acción Social que manejaba el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata). Este dinero era –según figura en el Convenio Colectivo– para contribuir a lo que ambas partes consideraban “su obligación social indelegable”, es decir, “el mejoramiento de la producción mediante la erradicación de todos los factores negativos que puedan perturbar el normal desenvolvimiento de la actividad laboral y empresarial”. De acuerdo con una investigación de la periodista alemana Gabriela Weber, esta plata habría servido para “financiar las tareas sucias de los grupos de choque del gremio”.
Weber, quien investiga desde hace años la desaparición de 14 obreros de Mercedes Benz, presentó ayer en el Juicio por la Verdad que lleva adelante la Cámara Federal de La Plata, una copia del Convenio Colectivo de Trabajo del 18 de junio de 1975 firmado por José Rodríguez –como representante de Smata– la empresa y el Ministerio de Trabajo. El artículo 29 de ese documento establece la creación del Fondo Extraordinario que se suponía debía estar destinado al financiamiento de obras de asistencia y acción social a favor de los trabajadores. La misma cláusula figuraba en los convenios de muchas otras empresas del sector, como Ford, también señalada como cómplice en la desaparición de sus trabajadores.
Pedro Troiani, quien fue delegado de Ford y estuvo secuestrado durante la dictadura, explicó a Página/12 que “se suponía que el fondo era para hacer un sanatorio para la obra social, para la gente, para dar asistencia médica y construir un campo de deportes. En el ‘75 sabíamos que las empresas despositaban la plata en una cuenta en el Banco Nación, pero nunca se vio nada. Después vino el golpe y se perdió. Aparentemente fue usada para otros fines”. Según la investigación de Weber, esos fines podrían haber sido el apoyo a patotas del gremio que combatían a los sindicalistas independientes. De hecho, la mención a la “erradicación de los factores negativos” que perturben la actividad laboral y empresarial, abona esa hipótesis.
Weber fue quien presentó a fines de septiembre de este año, en la misma Cámara Federal platense, un informe interno de la Mercedes Benz que decía que el actual canciller Carlos Ruckauf fue uno de los funcionarios que, cuando era ministro de Trabajo, pidió “eliminar los elementos subversivos de las fábricas”. El convenio que estableció el fondo del 1 por ciento fue firmado un mes antes de que Ruckauf asumiera frente al ministerio, pero continuó vigente durante su gestión. El abogado Ricardo Monner Sans llevará hoy a la causa penal abierta por el secuestro de los 14 trabajadores de Mercedes Benz, una copia del convenio junto con un escrito en el que señalará las semejanzas de las propuestas de “erradicación de los factores subversivos” (del documento firmado por Mercedes Benz y Smata) y de “eliminación de la subversión” (del decreto de Isabel Martínez de Perón y sus ministros, entre ellos, Ruckauf).
Los manejos de “la caja del 1 por ciento” agregan, como mínimo, sospechas sobre el manejo del dirigente de Smata, José Rodríguez, quien disponía del fondo que debió sumar varios millones de dólares. Por su comportamiento en los años de la Triple A, Rodríguez podría ser suspendido ahora de su cargo como vicepresidente de la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM), que aglutina a 207 sindicatos de 101 países.
En 1975 Smata discutió con las fábricas del sector la formación de comisiones mixtas de seguridad e higiene. Por diferencias con el gremio, en Mercedes Benz se formó una comisión de delegados independiente, que integraron varias personas que luego fueron secuestradas y desaparecidas. El 4 de noviembre de 1975 Smata envió una carta, firmada por Rodríguez, al ministro de Justicia en la que pedía la intervención de la empresa ydefinía la comisión como “un grupo de provocadores aliados de la sedición que ha hecho de Mercedes Benz Argentina SA su aguantadero”.