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Por Horacio Zuviría*
En su nota del jueves 12 de diciembre en esta sección, Marta D. de Albarracín señaló los que considera errores de la práctica, de parte de los profesionales que intervienen, y algunas estadísticas precarias referidas al diagnóstico de abuso sexual.
Al producirse una denuncia de abuso sexual dentro del ámbito de la familia, la sospecha allí plasmada produce traspasamientos de la esfera privada a la pública y viceversa. Lo que sale de la esfera privada es un secreto, el del abuso, que está constreñido a la intimidad creada entre el abusador y su víctima, en general, el padre y su hija/o.
El abusador se preocupa por el mantenimiento de la privacidad y el derecho establecido en ella. El niño, por guardar el secreto, que lo pone a salvo de las amenazas solapadas o groseras que le inflige aquél.
La privacidad, bien jurídico, garantiza el dominio de una persona sobre su espacio personal y crea una esfera de intimidad protegida, que en el abuso incluye al niño, espacio que el abusador intenta defender a toda costa de la intromisión de la investigación en ciernes. ¿Cómo no intentar impedir el ingreso de la censura y la ley a un espacio tan deseado?
Lo público se instala como lo extraño, lo peligroso, lo intrusivo que abre el secreto. Pero éste es guardado por un niño que siente culpa y vergüenza y que se adaptó a la agresión sufrida a través de disociaciones y autoengaños, con los que disminuyó el sufrimiento.
La lógica de lo público no descifra el lenguaje del abuso, por lo menos en un primer momento. Tiene que realizar un esfuerzo hermenéutico para poder traspasar las barreras impuestas por el secreto establecido. Los niños abusados se expresan a través de síntomas, mensajes cifrados y silencios y sólo abren el secreto cuando sienten la seguridad de estar protegidos por los adultos. Algunos lo hacen años después de sucedido el hecho, a través de un tratamiento psicológico y no teniendo contacto con el abusador. El sometimiento y el miedo que les producen los abusadores son casi absolutos.
Describimos la estructura de una situación abusiva porque las críticas del tipo que realiza la licenciada Albarracín siempre olvidan el objeto al que se refieren y se pierden en los actores secundarios del proceso.
Respecto de lo que señala la licenciada como errores que cometerían los profesionales que trabajan en la temática, y nos parece ligero y sin fundamento. ¿Cree por ventura la licenciada que es la única conocedora del peligro de falsas denuncias en los divorcios controvertidos y que el resto no lo sabe o no lo toma en cuenta?
La alusión a la falta de conocimientos en el tema por parte de los pediatras se rebate en el hecho de ser ellos los primeros en reconocerlo y de hecho lo hacen al derivar a una unidad especializada ante una sospecha de abuso sexual. Esta es una práctica corriente en el ámbito hospitalario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Nos parece que en su aproximación se desliza un sesgo muy particular en su apreciación de la manera en que intervienen los profesionales de la salud pública. Sería más afortunado realizar investigaciones que mejoraran las herramientas con que cuentan los profesionales involucrados en el tema, con activa participación de los mismos, antes que descalificarlos.
Uno de los grandes desafíos que se presentan es crear un cruce de disciplinas entre el derecho y la psicología, con un marco conceptual y un lenguaje propios que permitan abordar esta complejísima problemática en todas sus dimensiones, inclusive la moral, tan olvidada en la actualidad.

* Psicólogo. Integrante de la Unidad de Maltrato Infantil del Hospital de Niños Pedro de Elizalde. Profesor en la Universidad de Flores.