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Leandro Despouy tiene una extensa foja de servicios en el campo de los derechos humanos. El abogado, de 59 años, se desempeñó en el área en los gobiernos de Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa, y durante mucho tiempo representó al país en la comisión de derechos humanos de la ONU. Actualmente es el auditor general de la Nación, pero también es relator internacional de las Naciones Unidas para la independencia de jueces y magistrados. Hace unos días denunció haber recibido un llamado intimidatorio por un supuesto secuestro express de dos familiares, en momentos en los que sobrevuelan cartas y mensajes amenazantes para todo aquel que tenga que ver con los derechos humanos.

–En este marco en el que hace 20 días que está desaparecido Jorge Julio López, el testigo del juicio a Etchecolatz, y de la gran cantidad de jueces y fiscales amenazados, ¿qué análisis hace de la situación?

–En principio es importante subrayar que el problema de las amenazas abarca un amplio espectro de víctimas. El caso de jueces y fiscales, inclusive las personas que cumplen una función pública, todas especificidades que afectan intereses, la respuesta que se obtiene es intimidatoria. A través de maniobras extorsivas por ejemplo. Es un castigo al desarrollo de la actividad y, en general, sucede antes de pasar a las vías de hecho, que es cuando la acción se ejecuta no a través de la amenaza, sino a través del daño directo de la víctima. Hablo como uno de los protagonistas de las intimidaciones. Que no son nuevas en la Argentina, las hemos vivido en generaciones anteriores, y sin embargo pudimos sobreponernos, más allá de las huellas que puedan haber dejado.

–¿Cuáles son las medidas que se deben tomar para que esto no suceda?

–El aspecto más importante es la respuesta que pueda dar la sociedad. Que la sociedad reaccione y no deje que el miedo se instale como forma de convivencia es fundamental, porque si no la desconfianza, la delación y el amedrentamiento se transforman en el modus vivendi de la población.

Es muy importante que la sociedad ofrezca resistencia, porque cuando la situación se agrava en extremo puede producirse como una especie de asunción colectiva del crimen, como ha pasado en los momentos graves de nuestro país en donde la gente terminó diciendo cosas como “por algo será”. No estamos lejos de estar en una situación de ese tipo. Pero en el derecho a la verdad está la clave, porque el derecho a la verdad es un derecho que tiene una dimensión colectiva. Es la sociedad misma la que está interesada en el conocimiento de aquellas atrocidades cometidas en el pasado. Esto le da muchísimo sustento, porque le da legitimidad para exigir este derecho a todo aquel que tiene un interés colectivo.

–¿Le parece que el miedo puede volver a instalarse, treinta años después del golpe?

–Vivimos en un país en el que ha habido brotes de violencia parapolicial y paraestatal como pasó durante la época de la Triple A, y la violencia estatal deliberada durante el gobierno de los militares. Es decir, que hay rastros en nuestra sociedad de la violencia que dominó en aquel momento. Eso no se borra de un día para el otro, eso está registrado en nuestras huellas digitales como pueblo. Lo que está sucediendo con la desaparición de López y las amenazas a los fiscales nos están removiendo esos recuerdos un tanto oscuros. Frente a esto hace falta una respuesta colectiva, la sociedad debe estar a la altura de la agresión que se le está imponiendo.

–¿De qué manera se puede proteger a jueces y fiscales para que puedan desarrollar su tarea sin presiones?

–Cuando la persona se dirige a la Justicia para hacer el reclamo, pide que de alguna manera se restablezcan los hechos. Ahí es donde las instituciones tienen que obrar con eficacia. A su vez, la relación entre el individuo y la institución no debe significar un agravamiento de la situación de la persona. Es decir, que la denuncia no se transforme en un castigo. Esto es el mensaje que puede darnos el caso López. En este sentido la eficacia de la respuesta y la protección como respuesta institucional son dos cuestiones clave. En nuestro país el tema de la protección ha sido un déficit histórico. Quiero decir que no es propio de este Gobierno, sino que se ha expresado a través del tiempo en un total descuido. Por supuesto que está íntimamente ligado a la falta de experiencia. Sin embargo quienes más han sufrido esto en los últimos años no han sido los actores de causas políticas, sino los de causas económicas, de corrupción. En general han terminado mal, procesados y denigrados. Este descuido histórico de la institucionalidad debe ser muy rápidamente subsanado. Desde el punto de vista gubernamental lo más importante ante estas situaciones es fortalecer las instituciones, apuntalarlas. Por eso es grave que a los actores se los amenace, se los intimide, que a los que ejercen la lucha contra la corrupción y otras actividades para una mejor gestión del Estado también les sucedan este tipo de hechos. Es el propio Estado el que está obligado a decir “me preparo para hacer madurar mi sociedad en donde es necesario que sean compatibles la justicia y la verdad”. Y tiene real importancia el mensaje porque se debe entender socialmente que en este combate estamos todos. Y que el que pierde no es solo el amenazado, sino el conjunto. El mensaje tiene que ser claro: la única forma de vencer esta situación es colectivamente.

–¿Este clima puede generar un retroceso en los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura?

–La Argentina es un ejemplo de la lucha por el derecho a la verdad. En el sentido de que poco a poco fue avanzando hacia ella, porque primero se creó la comisión de la verdad, la Conadep, que tuvo un enorme impacto social. Después fue el juzgamiento de los responsables más visibles del terrorismo de Estado. Luego hubo un retroceso de las limitaciones penales con las dos leyes, la de obediencia debida y de punto final, pero sin embargo se logró un avance importante con los Juicios por la Verdad, en los que se establece que se puede avanzar en la investigación aun sin pretensión penal, hasta que llegamos al epílogo y finalmente se produce la anulación de las dos leyes. En ese momento se concreta la incorporación de todo el derecho internacional de los derechos humanos. La Convención sobre Desaparición Forzada de Personas de Naciones Unidas dice que no solamente la víctima, el familiar o el abogado son los que pueden hacer el reclamo, sino toda persona que tenga un interés legítimo colectivo. También tiene un carácter de imprescriptibilidad cuando se trata de crímenes contra la humanidad. Si no se ejerció en su momento ese derecho se podrá ejercer cuando las condiciones históricas lo permitan, porque jurídicamente puede exigirse siempre. Esto lo hace inalienable, usted no puede renunciar a esto por más que lo torturen o lo amenacen.

–¿Hasta dónde la jurisprudencia argentina ha contribuido a educar a la sociedad en el campo de los derechos humanos?

–El hecho es que el proceso penal en la perspectiva de las violaciones flagrantes y sistemáticas de los derechos humanos, y cuando ha habido crímenes de Estado, cumple una función no solamente retributiva, sino sobre todo pedagógica frente a la ciudadanía. La sociedad aprende de un juicio. En el juicio a los comandantes la sociedad aprendió, en el juicio a Etchecolatz la sociedad volvió a aprender. Ahí es donde se percibe un castigo en el sentido pedagógico. Como es un derecho inalienable, no existe argumento que pueda permitir la legitimación de que determinados valores hagan que la sociedad tenga que ocultar su propia memoria.

Actualmente se reconoce el deber de memoria. Esto se ejerce a través de la obligación de que el derecho a la verdad acompaña el derecho de justicia, entonces los tribunales tienen que intervenir. Tarde o temprano la sociedad moderna necesita la búsqueda de la verdad. Durará más o durará menos el proceso, pero existe un círculo inexorable en la sociedad que en vez de debilitarla la fortalece enormemente, la consolida y finalmente madura. Es decir que se llega a la situación ideal en la que se crea una democracia donde la verdad no es incompatible con la justicia.

–¿Qué sensación le produce que López continúe desaparecido cuando se lo busca desde hace 20 días?

–No va a ser este mensaje de ultratumba que nos están mandando con la desaparición de López el que haga retroceder la principal conquista de los organismos de derechos humanos que hemos exportado al mundo: el derecho a la verdad. Entonces con más razón fortalezcámonos, unámonos, denunciemos que el fascismo y el oscurantismo avanzan y actuemos de una manera solidaria.

Entrevista: Julián Bruschtein