Elías Carranza, un argentino experto en prevención del delito que trabaja en la ONU, llamó a fortalecer el instituto de la defensa pública estatal, teniendo en cuenta que a las cárceles llegan “solamente, o casi solamente, personas de clase baja que han necesitado y necesitan” de los defensores oficiales porque no pueden contratar abogados privados. Para cuantificar el problema, Carranza resaltó que las estadísticas recientes de la Cepal indican que “las personas bajo el nivel de pobreza constituyen casi el 37 por ciento” de la población de América latina. En ese sentido, en un mensaje dirigido a los defensores públicos, recordó que los códigos penales de todos los países de la región “prevén el estado de necesidad como causa de justificación y establecen diversas causales de atenuación de la pena”. Por esa razón lamentó que “recorriendo la jurisprudencia y las cárceles de los países no se advierta que tales institutos legales se utilicen, mientras se verifica que el porcentaje de pobres en cárceles es casi del 100 por ciento” de la población carcelaria total.

Carranza, director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento de Delincuentes (Ilanud), se manifestó en contra de la tendencia, en algunos países como Estados Unidos o Inglaterra, de privatizar las cárceles o de dejar la defensa pública en manos de abogados particulares. Explicó que mientras en una cárcel pública se gasta “un dólar y medio por cada preso, en las privadas la cifra sube a 17 dólares. Lo que habría que hacer (desde el Estado) es partir la diferencia y, con la misma plata, dedicar 7 u 8 dólares por cada preso”. Página/12 entrevistó a Carranza en la Defensoría General de la Nación, donde ofreció una conferencia sobre temas de su especialidad.

–Hay menos defensores oficiales que fiscales o jueces. ¿En América latina es más fácil condenar que absolver a los imputados de bajos recursos?

–En los hechos, los defensores tienen una situación de ser numéricamente pocos y con pocos recursos materiales y técnicos, con lo cual, en algunos países, es casi peor que no tener defensor. Si no hay defensa, el juicio es nulo. Muchas veces, en los juicios, hay uno que persigue (el fiscal) y otro que no tiene capacidad de defensa o que patea en contra.

–¿Esto también ocurre en la Argentina?

–Tengo que aclarar que, en el caso de la defensa federal de la Nación Argentina no ocurre eso. O en todo caso, ocurre en mucha menor medida que en otros países de la región. Nosotros, en el Ilanud, creemos que las dos mejores defensas son la de Argentina, a nivel federal, y la de Costa Rica. Son dos defensas públicas que tienen un buen status profesional. Son buenas defensas que podrían ser tomadas como modelo por otros países de la región o dentro del mismo país, porque la realidad provincial es variada.

–Puede ser que Argentina esté mejor que otros países de la región, pero hay provincias en las que la estructura de la defensa es muy pobre.

–Yo creo que lo importante es que muchos de los defensores son profesionales con mucha vocación, porque de lo contrario no estarían haciendo lo que hacen. Una persona que tiene un número de 500 o 1000 defensas que atender es imposible que lo haga. Pero insisto en que ese no es el caso de la defensa federal de la Nación.

–Al problema de las deficiencias en la defensa le sigue el del hacinamiento en las cárceles.

–Es cierto, hay cosas que funcionan mal en la Justicia penal, no solo la defensa. Las cárceles están sobrehacinadas y con situaciones espantosas. Y también a nivel de la policía y de la judicatura hay graves problemas. Esto sirve para que surjan ideas disparatadas o que pueden tener éxito relativo en países que no son los nuestros.

–¿Qué tipo de ideas?

–Una de ellas es la privatización de la defensa pública. Lo que llaman tercerización. Es el modelo norteamericano por el que se contratan privadamente las defensas. En lugar de fortalecer la defensa pública y lograr una defensa de calidad, se pretende que privatizando, lo mismo que en las cárceles, se va a resolver el problema. Así no se va a resolver el problema. Los países que lo están haciendo más bien lo están agravando.

–¿Por qué razón se agrava?

–Se agrava porque es muy caro. Es entre tres y diez veces más caro que una buena defensa pública. Pongo un ejemplo: si se contratan cinco defensas privadas o diez, un buen profesional puede tener un ingreso de cinco mil dólares mensuales. De la misma manera, con un ingreso de cinco mil dólares mensuales, en Argentina o en Costa Rica, un buen profesional atiende muchos más que cinco casos. Se contratan los bufettes privados y estos delegan en los estudiantes de la carrera o en los recién recibidos. Esto significa que hay una defensa de segunda o tercera calidad que es la que se contrata más caro y que es la del pueblo.

–¿Y cuál sería la solución?

–Tener defensas públicas de excelencia, como las dos que he nombrado. En algunos casos, cuando hay delitos graves como la criminalidad económica de los funcionarios públicos, éstos prefieren defenderse por la defensa pública estatal si saben que es una defensa de gran calidad. Claro que sería mejor que los que tienen plata se defendieran por su cuenta. La defensa estatal debe ser de excelencia y debe estar destinada a los que no pueden pagarla.

–¿Lo mismo ocurre con las cárceles privadas?

–Es lo mismo. Los servicios, además de ser más malos que los de las buenas cárceles estatales, tienen costos que son entre tres y diez veces más caros. Un ejemplo: una cárcel estatal funcionaba a razón de un gasto de 1,5 dólar diario por cada preso, mientras que una cárcel privada estaba a 17 dólares. En vez de tal diferencia, con la misma plata, tengamos a todas con un gasto de entre 7 y 8 dólares por cada preso.

–¿La privatización de las cárceles puede avanzar en la región?

–La idea está entrando en algunos países, incluso en la Argentina. En Mendoza encontramos un proyecto de ley con media sanción legislativa

para privatizar cárceles. Lo encontramos a tiempo y en un taller que hicimos con diputados y senadores hablamos en contra de esa idea. Ni ellos mismos sabían bien de qué se trataba, pero ya tenía media sanción de una de las dos cámaras. Terminaron por reconocer que era una mala idea.

–¿Cómo es la situación del delito y del sistema de Justicia penal en la región?

–Esto anda lamentablemente mal en toda la región, porque tiene una correlación directa con la distribución del ingreso a nivel internacional y a nivel de los países. A nivel internacional porque desde 1980 la distancia entre los niveles de ingreso per cápita entre los países de altos ingresos y los de bajo y medianos ingresos ha ido aumentando. La distancia creció a más del doble en los últimos cuarenta años. Eso significa que los ingresos disminuyen en los países de bajos ingresos y al mismo tiempo se incrementa la inequidad en la distribución de esos ingresos. Por eso, los delitos suben en el mismo nivel en el que sube la inequidad de la distribución del ingreso.

–¿Esto cómo repercute en la Argentina?

–En la Argentina, los homicidios fueron subiendo de manera notable, pero desde el 2002 para acá comenzó un descenso de la tasa de homicidios. Y cuando se ve la curva de la distribución del ingreso, se ve una mejora. Una década de medidas económicas hizo subir los delitos, pero en los últimos cuatro años comenzaron a descender los homicidios. El delito es un fenómeno social y la sola Justicia penal no puede reducirlo. Tiene que haber una Justicia penal que sea justa para los delitos graves y con humanidad para los delitos que no son graves y que no requieren pena de prisión. No basta la Justicia penal ni las normas drásticas. La mano dura no es la vía. Tiene que haber una Justicia penal justa, pero sobre todo mucha justicia social.

–Pero las cárceles siguen llenas de pobres.

–Las cifras de la Cepal de 2007 dicen que las personas bajo el nivel de pobreza constituyen casi el 37 por ciento de la población regional. Hay diez países con porcentajes que llegan al 40 y al 60 por ciento. Estas personas están en estado de necesidad y los códigos penales de todos los países de la región prevén ese estado como causa de justificación (de un delito) y establecen causales de atenuación de la pena. Sin embargo, recorriendo la jurisprudencia y las cárceles no se encuentra que tales institutos legales se utilicen. Se verifican, en cambio, los efectos del embudo de la Justicia penal, con porcentajes de pobres en las cárceles de casi el ciento por ciento. Las defensas públicas deberían reinterpretar los artículos pertinentes sobre el estado de necesidad o, eventualmente, promover su reforma.