En una sesión histórica y por apenas un voto de diferencia –49 del oficialista Frente Amplio contra 48 de la oposición–, la Cámara de Diputados de Uruguay reconoció el derecho de las mujeres a decidir sobre la interrupción de un embarazo hasta las 12 semanas de gestación y luego de ese plazo, en caso de riesgo de vida para la mujer y malformación fetal incompatible con la vida extrauterina. La votación terminó a la madrugada, tras dieciséis horas de acalorado debate. Pero como no se aprobó uno de los artículos en discusión –el que define a los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos–, el proyecto no obtuvo sanción legislativa y para convertirse en ley deberá volver a pasar por el Senado. Organizaciones de mujeres y sociales festejaron, pero con cierta moderación: todavía el trámite parlamentario no está cerrado y falta ver además si finalmente se concreta el anunciado veto del presidente Tabaré Vázquez.

“Estamos muy felices”, dijo a PáginaI12 Lilian Abracinskas, directora de Mujer y Salud en Uruguay, una de las caras más conocidas del feminismo del país vecino, motor de las alianzas y estrategias que se tejieron en la última década para llegar a la aprobación legislativa de ayer. Se la notaba agotada. Pasó toda la noche frente al Palacio Legislativo, luego de que fueran desalojadas las barras que colmaban el recinto, con partidarias a favor y en contra de la despenalización del aborto, en la tarde del martes, a poco de iniciada la sesión en la Cámara de Diputados, tal como informó ayer PáginaI12. La votación artículo por artículo terminó pasadas las 6 de la mañana, pero alrededor de las 2 ya se había aprobado en general el proyecto.

Se trata de un hecho histórico por varios motivos: en primer lugar, es la primera vez que la despenalización del aborto tiene sanción favorable de ambas cámaras de ese país: todos los artículos de la ley de salud reproductiva que se refieren al tema fueron aprobados tanto ayer en Diputados como hace un año en el Senado. Además, hubo 97 diputados en el recinto: sólo dos, uno del FA y otro del Partido Colorado, abandonaron la sala a la hora de la votación. “Nunca antes en esta Legislatura estuvieron presentes todos los integrantes de las bancadas de la oposición”, señaló a este diario Maisa Blengini, secretaria legislativa del bloque del Frente Amplio en la Cámara baja.

Hubo cerca de cuarenta oradores, que expresaron sus posiciones a favor y en contra. Se dio la paradoja de que varios diputados opositores, en sus intervenciones, saludaron la intención de vetar la ley del presidente Vázquez. En cambio, desde la bancada oficialista le hicieron críticas veladas. El más claro, sin embargo, fue el diputado Luis José Gallo, de la Asamblea Uruguay, miembro informante por el oficialismo, que recordó el caso del presidente francés Valéry Giscard D’Estaing, que en la década del ’80 le dijo al papa Juan Pablo II que no vetaría la ley que legalizaba el aborto en Francia, aunque era católico porque era mandatario de un Estado laico. “No tengo por qué imponer mis convicciones personales a mis conciudadanos”, argumentó.

El proyecto aprobado ayer en la Cámara de Diputados contempla el derecho de toda mujer a interrumpir un embarazo hasta las 12 semanas de gestación por “penurias económicas, sociales, familiares o etarias”. Y más allá de ese plazo, cuando corre riesgo la salud de la mujer o si el feto tiene malformaciones incompatibles con la vida extrauterina. El aborto es considerado un acto médico “sin valor comercial” y debe estar disponible tanto en servicios públicos como privados. Está previsto para los profesionales la objeción de conciencia pero deben expresarla hasta 30 días después de promulgada la ley. Si no lo hacen en ese momento, no podrán negarse a efectuar intervenciones. Se sostiene el delito de aborto en aquellos casos en que fuera practicado contra la voluntad de la mujer o en las situaciones en las que no se cumpla con lo establecido por la ley. Los 49 votos a favor provinieron de las filas del Frente Amplio. El artículo específico que despenaliza el aborto sumó 50 adhesiones. Los 48 votos contrarios fueron cosecha de la oposición.

La iniciativa reconoce el derecho de toda mujer a interrumpir un embarazo. y ademaáses una amplia ley de defensa de la salud sexual y reproductiva, que ubica al Estado como el principal responsable en garantizar su acceso a toda la población. Y establece medidas para la incorporación de la educación sexual a nivel de la enseñanza formal; para el acceso universal a servicios de planificación familia, y la prevención de infecciones de transmisión sexual, entre otras. El artículo 2º, que define a los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, fue el único que no fue aprobado: por esta razón el proyecto deberá volver al Senado.

En ese sentido, hay varias alternativas para su aprobación definitiva: puede haber una solicitud de la Cámara de Diputados para que ese artículo sea reconsiderado o que los senadores sancionen la ley sin el artículo 2º. Pero no hay plazos para que el Senado trate el proyecto, aclaró Blengini. Después entrará en juego el anunciado veto presidencial. Tabaré ha dicho y repetido que por su condición de médico no puede avalar una ley que despenalice el aborto, criminalizado en Uruguay desde 1938. Pesan en su posición las convicciones religiosas de su esposa, María Auxiliadora Delgado.

El veto no es una atribución exclusiva del presidente, según la Constitución uruguaya. Tiene que firmarlo con las ministras del área involucrada (Salud y Educación). La primera, María Julia Muñoz, ya anunció que, aunque personalmente está a favor de la ley, acompañará la decisión del presidente, y, la segunda, María Simón, se ha manifestado por la despenalización. Pero aun con la venia de ambas funcionarias, el Consejo de Ministros –trece en total– podría por mayoría simple revertir el veto. En ese caso, el voto del presidente vale doble.