Como ya hizo en otros discursos, Cristina Fernández de Kirchner apeló al “género” para destacar que por el hecho de ser mujer enfrenta mayores dificultades para gobernar el país. “Hay que estar sentado acá para saber lo que es gobernar un país y la República Argentina, hay que estar sentado acá o sentada”, lo cual “implica también una cuestión de género, es un poquito más difícil todavía”, enfatizó en la inauguración de las sesiones legislativas. Y debe ser así. ¿Quién lo puede dudar? La política, el poder, son sinónimos de dominio masculino. Pero ésa fue la única apelación al género –femenino, claro– en la hora y 12 minutos que duró su exposición. Una vez más, CFK demostró ser una excelente oradora. Pero también confirmó que problemas prioritarios que afectan a sus congéneres no están en su agenda inmediata. En 2008 fueron asesinadas como consecuencia de la violencia de género al menos 207 mujeres a manos de sus parejas, ex novios, amantes o varones desconocidos que las atacaron sexualmente, según relevamientos de los casos publicados en diarios. La cifra, escalofriante, es apenas la punta del iceberg de un problema enorme en la Argentina: una gran mayoría de las víctimas no muere –afortunadamente– pero vive una vida de sometimiento y tortura cotidiana que le deja profundas consecuencias psíquicas y físicas. Prevenir, perseguir y erradicar la violencia de género –un flagelo que no distingue sectores sociales y que se repite como epidemia imparable en todo el planeta– debería ser un eje central de la política pública de un Gobierno embanderado con los derechos humanos. Vivir una vida libre de violencia es un derecho humano de las humanas, que son más de la mitad de la población del país. A fines de 2008 el Senado dio media sanción a un proyecto integral para combatir la violencia contra las mujeres, al que se le debe dar prioridad. Tal vez no sea el mejor proyecto; puede ser mejorado. Pero su tratamiento no debe demorarse más. Ya lleva varios años de retraso.

Tampoco CFK se refirió a sus congéneres, pobres siempre pobres, que año a año mueren como consecuencia de abortos inseguros, practicados en condiciones precarias: días atrás, el 20 de febrero fueron dos, en Rosario. Fallecieron en el Hospital Provincial de la ciudad santafesina. Carina, una de ellas, tenía 30 años y tres hijos pequeños. Sobre la otra víctima lo único que trascendió fue que tenía 24 años. Desde que comenzó el 2009 hubo en distintas provincias otras muertes similares, evitables todas, con educación sexual oportuna o con acceso a anticonceptivos. Y si el aborto estuviera despenalizado. Carina y la otra muchacha rosarina –como tantas otras– demoraron en ir a atenderse cuando empezaron a tener los síntomas de una infección (después de haber recurrido a una comadrona) por temor a ser denunciadas en el hospital. El aborto en la Argentina es seguro para las que pueden pagar entre 2000 y 5000 pesos para interrumpir un embarazo en un consultorio privado, clandestino. Las demás apelan a métodos baratos, precarios, como la introducción de agujas de tejer, de un tallo de perejil o de una sonda, y ponen en riesgo sus vidas o sus úteros. Ayer mismo una mujer de 30 años quedó internada en grave estado en el Hospital Llano, de la ciudad de Corrientes, a donde fue derivada afectada de una intensa hemorragia. Trascendió que sufrió la perforación del útero y del intestino. Su estado era crítico por las lesiones que sufrió. Las complicaciones de abortos inseguros generan una ocupación del 20 al 30 por ciento de las camas de los hospitales públicos, con una permanencia de 3 a 5 días. En cuatro años –entre 2004 y 2007– murieron 340 mujeres como consecuencia de abortos inseguros: la mayoría no había cumplido los 35 años, algunas eran adolescentes.

Pero esas muertes, parece, no importan. El aborto no entra en la agenda del Ejecutivo ni del Parlamento, como pretenden la jerarquía católica y los sectores de derecha. Hay varios proyectos presentados en ambas cámaras pero nunca llegan al recinto, a pesar de que los estudios de opinión indican que hay consenso en la sociedad para ampliar las causales de despenalización. El problema de la violencia de género y el del aborto, dos temas prioritarios para las congéneres de la Presidenta, volvieron a faltar en su discurso.