“Las Fuerzas Armadas no tienen como misión contener jóvenes para evitar que cometan delitos. No hay lógica para reimplantar el servicio militar obligatorio”, explicó la ministra de Defensa nacional, Nilda Garré. Esta vez, le tocó a la funcionaria oficiar de escudo ante los reclamos de la conductora televisiva Susana Giménez, ya que los dichos de la ministra sólo fueron generados por el pedido que la sexagenaria blonda realizó ante medios de comunicación sobre “la vuelta de la colimba”.

En ese sentido, la opinión de Garré fue áspera. “Es una simplificación absoluta de gente que no entiende la naturaleza y los objetivos que cumplió en su momento el servicio militar obligatorio, que era generar una reserva para alguna situación de conflicto bélico que pudiera tener la Argentina, y no tenía nada que ver con la seguridad”, deslizó en declaraciones radiales.

La opinión de Giménez sobre el servicio militar fue lanzada en una entrevista publicada el martes, cuando se despachó con la propuesta de la reimplementación del servicio militar obligatorio, al que consideró como una “solución para un montón de chicos de esa edad (adolescentes) que les enseñarían cosas y los sacarían de la calle, del paco”.

El servicio militar obligatorio fue anulado el 31 de agosto de 1994 cuando salió a la luz el crimen de Omar Carrasco, un soldado de 18 años asesinado en un cuartel de la ciudad neuquina de Zapala. La propuesta de la conductora argentina, que vive la mayor parte del año en su mansión de Miami, no fue bienvenida en el gabinete nacional. A la respuesta de Garré se sumó la del titular del Ministerio de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, que igualó la reimplementación con “el atraso mayor que podría tener la Argentina”.

“El Ejército tampoco quiere convertirse en un reformatorio”, expresó durante una entrevista radial, al tiempo que descartó que sea la pobreza “la que arrincona a un joven para llevarlo a la práctica delictiva, sino la falta de posibilidad, de un horizonte”. Para el ministro, entonces, la solución está en “la prevención, la investigación y la generación de expectativas de movilidad social ascendente”.

Desde que salió a pedir la pena de muerte a micrófono abierto, a fines de febrero, lo de Susana Giménez parecen ser las palabras, pero no los hechos, ya que decidió no poner su cuerpo al reclamo de “seguridad y justicia” que la organización Mejor Seguridad convocó ayer.

Al respecto, fue el jefe del Gabinete nacional, Sergio Massa, el encargado de plantear la postura oficial. Además de opinar que “está bien” que la gente se manifieste, en relación con la movilización que tuvo lugar en Plaza de Mayo y a la que acudieron unas cinco mil personas, un número muy lejano al esperado, apuntó que el reclamo por la inseguridad “es parte de los temas a anotar para buscarle soluciones a corto, mediano y largo plazo”.