Eternización de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Ausencia de mecanismos para evitar que torturadores sin condena asuman en cargos públicos. Reformas regresivas en materia de seguridad con epicentro en las provincias de Buenos Aires y Mendoza. Redes de ilegalidad consentidas desde el poder político. Superpoblación carcelaria. Aumento del número de detenidos en comisarías bonaerenses. Déficit habitacional y desalojos con grupos de choque en la ciudad de Buenos Aires. Tres millones de personas sin servicios cloacales en la cuenca Matanza-Riachuelo. Unos 25.000 detenidos en instituciones psiquiátricas por “razones sociales”. Deudas varias en materia de libertad de expresión. Y, como telón de fondo, ausencia de la más elemental agenda de derechos humanos en los debates políticos. Son sólo algunos de los temas que aborda el “Informe 2009. Derechos Humanos en la Argentina”, que por 14º año consecutivo presentó ayer en sociedad el Centro de Estudios Legales y Sociales. Hoy a las 20 el trabajo de 491 páginas se presentará en la Feria del Libro.

“No alcanza con políticas de memoria y persecución de crímenes de lesa humanidad si no se trabaja sobre las ESMAs del presente y sobre la reafirmación de los principios y garantías constitucionales”, destacó Gastón Chillier, director del CELS. “Las regresiones políticas e institucionales de 2008 obligan a repensar las formas de construcción de un Estado fuerte y protector de los derechos humanos, objetivo que permanece ausente de los debates políticos”, lamentó. “La deuda principal, a veinticinco años de la recuperación democrática, sigue siendo la conformación de una sociedad inclusiva, en la que la cara visible del Estado para los más desventajados no sea su cara más violenta”, destacó Chillier, director del organismo que este año celebra su 30º aniversario.

La reforma del Código Procesal bonaerense aprobada en diciembre, que restringió el régimen de excarcelaciones e invirtió la regla de la libertad durante el proceso, desde entonces excepcional, es para el CELS una de las mayores regresiones en materia de seguridad ciudadana. El informe destaca que en 2005, cuando la Corte Suprema de Justicia se pronunció en contra de la prisión preventiva generalizada, “por primera vez en décadas descendió la cantidad de personas privadas de la libertad sin condena”. La tendencia comenzó a revertirse cuando la administración de Daniel Scioli anunció el endurecimiento de la legislación. Entre fines de 2007 y octubre pasado, según el informe, la cantidad de personas detenidas en comisarías ascendió de 2782 a 3448. Si a ello se suman presos en cárceles bonaerenses, el número de detenidos asciende a 27.614, cifra que excede en 10.000 las plazas disponibles según un relevamiento oficial.

El periodista Horacio Verbitsky, presidente del CELS, ratificó que las reformas procesales de Buenos Aires y Mendoza “no solucionan los problemas sino que los agravan” y repudió “la euforia informativa y política con el tema seguridad, totalmente desvinculada de las causas de fondo”. Como ejemplo del rol de los medios, recordó que la cobertura del asesinato de Daniel Capristo “incluyó actos de violencia sobre un fiscal que no merecieron una sola palabra de condena” de los grandes medios. “Pese a que la muerte derivó del intento de robarle el auto, tampoco informaron que ese día se desbarató un desarmadero a cargo de un oficial de la Policía Federal”, agregó. Verbitsky denunció la existencia de “redes de ilegalidad consentidas desde el poder político, que trascienden las jurisdicciones y usan a los chicos como mano de obra barata”. Chillier agregó que “reclutar personal retirado o exonerado, como propuso el gobierno nacional, tampoco es una solución estructural, sino todo lo contrario”.

El informe destaca que el derecho a la vivienda es “sistemáticamente vulnerado” en la ciudad de Buenos Aires. “La lógica de mercado parece tener directa consecuencia en la situación habitacional de los más vulnerables cuando se impulsan desalojos en forma masiva y se generan obstáculos para el acceso a la vivienda”, agrega. “La expulsión sistemática de personas se agrava por la intervención de fuerzas de choque como la Unidad de Control del Espacio Público”, destacó Chillier.

El informe del CELS elogia el fallo de la Corte Suprema que ordenó sanear la cuenca Matanza-Riachuelo y destaca que el 55 por ciento de los cinco millones de habitantes de la zona carece de servicios cloacales, situación que se agrava por el tratamiento ineficiente de residuos sólidos y la proliferación de basurales.

En materia de libertad de expresión, el informe remarca la obligación del Estado de adecuar la legislación sobre calumnias e injurias, que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También destaca la necesidad de establecer criterios claros sobre el acceso a la información pública.