[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

”La conducción del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes nos ocultó información sobre la situación en el hogar San José Obrero y siempre quiso cajonear el tema. Nos enteramos por un artículo de Página/12 en marzo de que la Justicia les había pedido que intervengan el lugar para realizar un informe, y todavía no nos dieron los nombres de los profesionales que se encargaron entre noviembre y marzo de evaluar la situación de los chicos ahí adentro”, señaló a este diario Marta Cerutti, de la Asociación Argentina de Educadoras y Educadores Sexuales, una de las cinco ONG con voz y voto en el plenario del Cdnnya. Cerutti y otros cinco consejeros del organismo rector de las políticas de niñez en la Ciudad dieron a conocer una declaración pública en la que cuestionan a la conducción del Cdnnya, a cargo de la macrista Jessica Melegarie, en torno al caso del hogar de la Fundación Felices los Niños, ubicado en el barrio de Chacarita. Firman el documento Ana Logiudice, consejera en representación del bloque Encuentro Progresista que responde al ex ibarrista Raúl Fernández; José Machain y Perla Prigoshin, por el FpV, Florencia Elgorriaga, por Diálogo por Buenos Aires, y Mabel Bianco en nombre de las ONG.

“Es necesario dejar claramente establecido que las circunstancias de alojamiento y convivencia de dicho hogar vulneraban el conjunto de los derechos a que niños y niñas son acreedores como sujetos, atentando contra su integridad biopsicosocial”, señalan en la declaración pública. Los consejeros cuestionan que dirección ejecutiva del Cdnnya conociera esas condiciones claramente desde hacía meses. Tal como informó Página/12 en marzo, la Justicia le pidió al organismo en octubre que realizara un “intervención informativa” en el lugar, que se extendió por cinco meses. Los consejeros se enteraron de esas actuaciones a través del artículo de este diario firmado por Carlos Rodríguez. Malegarie no convocó al plenario ni en enero ni en febrero y cuando lo hizo recién el 25 de marzo, pretendió no incluir en el temario la situación en el hogar, comentó Cerutti. “Tuvimos bastantes dificultades para que el tema fuera tratado”, agregó.

Los consejeros consideran que la dirección ejecutiva del Cdnnya “equivocó el rumbo” al aceptar actuar como “auxiliar de la Justicia Nacional”, al realizar –en el marco de esa intervención informativa– una descripción del estado de situación del hogar. “El Consejo debería haberse hecho cargo del lugar apenas conoció las graves vulneraciones de los derechos de los niños que ocurrían allí”, observó Bianco. “Cuando la jueza interviniente ordenó el desalojo, la Dirección Ejecutiva continuó en una situación de subordinación. Es necesario advertir que recién en esta instancia se dio participación al Plenario del Consejo”, indicaron en el documento. También objetaron que la jueza Myriam Rustan de Estrada, que interviene en el caso, haya puesto bajo la responsabilidad del Arzobispado de Buenos Aires la conducción del hogar, mientras siguen viviendo allí un grupo de adolescentes. “Es el Consejo el que debería encargarse”, agregó Bianco.

“Los errores detallados, sumados a la persistente ausencia de políticas sociales inclusivas del actual gobierno de la Ciudad que en este específico caso se expresó en la falta de provisión de los recursos que debía haber aportado la Dirección General de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social, dificultaron el proceso de desalojo y posibilitaron que militantes defensores del padre Grassi montaran un espectáculo mediático, utilizando a los niños y niñas y planteando una y otra vez ante las cámaras televisivas la defensa del patronato y la consiguiente judicialización de la infancia con derechos vulnerados, en franca confrontación con la Convención de los Derechos del Niño, con la Ley 114 de la Ciudad y con la Ley Nacional 26061”, advirtieron en la declaración pública.

Los consejeros señalaron además que la gestión macrista pretendió “salvar” a la Fundación Felices los Niños, al suscribir un “indefendible acta acuerdo” con sus autoridades en marzo –sobre el cual informó oportunamente este diario– “por el que las mismas se obligaban a lo que ya estaban obligadas por el hecho de constituir un ámbito de alojamiento y resguardo de niños y niñas y que no cumplían”. Recién le quitó la inscripción para actuar en el ámbito porteño la semana pasada.