Los fiscales del juicio en el cual el cura Julio César Grassi fue condenado a 15 años de prisión por “abuso sexual y corrupción de menores” agravados apelaron la decisión del Tribunal Oral 1 de Morón de mantener el régimen de “libertad vigilada” en la que se encuentra el sacerdote y pidieron que se decrete su “inmediata detención y prisión preventiva”. Entre los argumentos expuestos por los fiscales Alejandro Varela y Carolina Rodríguez figura en primer término “la existencia del peligro de fuga”, teniendo en cuenta que Grassi dispone “de importantes sumas de dinero para lograr escapar y de inescrupulosos individuos dispuestos a ayudarlo en todo momento”. Como ejemplo se cita lo ocurrido el 23 de octubre de 2002, en el Canal 9, cuando recién se hacía pública la denuncia contra Grassi y el cura “era alertado por comunicadores sociales que debía huir del citado canal de televisión porque la Justicia lo buscaba”.

En su apelación ante la Cámara de Garantías de Morón, los fiscales apuntaron que, con anterioridad, Grassi ya “se había fugado de la Fundación Felices los Niños”. Varela y Rodríguez recalcaron que “el condenado por sentencia no firme huyó dos veces para no ser atrapado y se presentó cuando él quiso”. En la apelación, se puso en duda la disposición del imputado a someterse al proceso. “Si se pudo llegar a la conclusión del juicio, no fue ‘gracias a’ sino ‘pese a’ la actitud asumida por el imputado y su defensa, que plantearon cuanta cuestión dilatoria se les ocurrió (...) durante el proceso (...) y durante el debate”.

Mencionaron, como ejemplos, las recusaciones “de todos, contra todos y sin fundamentos”, la pretensión de lograr “un juicio por jurados pero sin jueces, para que nadie pueda luego dictar una resolución” o “solicitudes de nulidad rechazadas y nuevamente intentadas para demorar el trámite”. Recordaron la aceptación inicial de algunas diligencias, como las pericias psiquiátricas de Grassi, para luego “obstaculizarlas obscenamente” por parte de la defensa y del imputado “llegando a un histeriqueo procesal” como se denunció en el alegato final de la fiscalía.

También se mencionaron otras “maniobras”, como la de “perseguir a las víctimas para establecer sus domicilios (...) vaya a saberse con qué intenciones”, como ocurrió en el caso del chico conocido como “Gabriel”, por cuya denuncia se condenó a Grassi. En el mismo sentido “se fraguó una denuncia imputando falsamente la comisión del delito de extorsión” al mismo “Gabriel”, a través de una supuesta cámara oculta en la que aparecía otro chico al que se pretendía hacer pasar por el denunciante, por su parecido físico, pero ocultándole el rostro.

Otra de las presiones señaladas es la que sufrió el obispo emérito de Morón, monseñor Justo Laguna, visitado en su casa por Grassi y su amigo Fabián Amarilla, días antes de la fecha en la que debía presentarse a declarar. Esa visita fue presenciada por los fiscales, que habían montado guardia frente a la casa de Laguna, alertados por lo que ya había pasado con otros testigos que iban a declarar en contra del imputado.

Mencionaron, además, el “injustificado agravio” del que fue víctima “Gabriel”, en el alegato de la defensa, que se refirió a su “estado de huérfano”, en forma despectiva. Los fiscales temen que sigan las presiones sobre “Gabriel”, dado que Grassi “permanecerá libre y con restricciones controladas sólo por una persona de su confianza”. Afirmaron que “nadie puede sostener que Grassi dejará la persecución contra ‘Gabriel’”.

“Pero lo más inaudito –recalcaron– es que pese a haber dado por probados los hechos por los que se lo condenó, cometidos todos dentro de la sede Hurlingham” de la Fundación, ahora se le permita a Grassi “presentarse en la misma” cualquier día, de lunes a domingo, “bajo la responsabilidad y acompañamiento de la persona que él designe”. Los fiscales pidieron la detención de Grassi para que no siga haciendo “lo que quiera, con quien quiera y sin control alguno”.