La escrituración de propiedades sociales en la provincia de Buenos Aires es objeto de una disputa, de la que no es ajeno el Colegio de Escribanos provincial. La Subsecretaría Social de Tierras quiere trasladar a su órbita los trámites de escrituración social que hasta el momento son efectuados por la Escribanía General de Gobierno de manera gratuita. De suceder esto, los trámites que permiten a personas de bajos recursos regularizar su situación habitacional pasarían a ser realizados por los Colegios de Escribanos distritales y, según fuentes de la Escribanía General, dejarían de tener un costo cero para el Estado. “Quieren tercerizar las escrituras sociales. En la Escribanía se cumple el rol indelegable del Estado de asistir y contener a las personas que tienen menos recursos, y de una forma eficiente. No hay razón que explique el traspaso más que las ganas de hacer un gran negocio”, argumentó César Baliña, miembro del Consejo Directivo provincial de ATE, que denunció esa modificación. Si bien el responsable de la subsecretaría, Nicolás Terrara, sostuvo que “se trata sólo de un proyecto que está en tratativas”, el expediente ya cuenta con el dictamen favorable de la Asesoría General de la provincia y sólo resta la firma del gobernador Daniel Scioli, para que el convenio comience a regir.

Fuentes de la Escribanía provincial aseguraron que la intención de la subsecretaría de trasladar bajo su esfera los trámites de escrituración social, que beneficia a personas de bajos recursos, comenzó a oírse hace cuatro meses. El paso siguiente lo dio el Colegio de Escribanos de la provincia un tiempo después, cuando presentó una nota al Ejecutivo “proponiendo hacerse cargo del trabajo con más eficiencia y a un costo menor para el Estado”, relató la fuente. El escrito fue girado directamente al Ministerio de Infraestructura, donde se asienta el organismo de Terrara.

Rápidamente, las intenciones se convirtieron en un proyecto de convenio que llegó a los escritorios de la Asesoría General de la provincia. Según se especifica en el expediente Nº 2423-2250/09, “el convenio propone una descentralización operativa y territorial de la actuación notarial que impactará positivamente en el volumen escriturario permitiendo el cumplimiento de los plazos establecidos en la ley”. Tal el motivo de la creación del convenio.

Todo lo contrario opinaron desde la Escribanía General: “El convenio no contribuirá a la supuesta descentralización y operatividad que se alega”, denunciaron en un descargo que el escribano general de Gobierno, Ramón Sofanor González Fernández, y el adscripto superior, Luciano Scatolini, presentaron ante la Asesoría no bien supieron de la intención del traslado. Y se animaron a plantear una duda respecto de los verdaderos motivos: “Cabe preguntarnos por qué debería privatizarse un sistema que es exitoso”, en referencia al desempeño de la Escribanía en relación con las gestiones. Fuentes del organismo tienen la certeza de que “alguien vio en esto un negocio, más que un servicio social”.

Durante el 2008, la Escribanía, dependiente del Ministerio de Justicia provincial, concretó cerca de 15 mil escrituras. Y son 60 mil las que están proyectadas para los próximos tres años en el marco del plan trienal de escrituración social.

El objetivo de las escrituras sociales es que personas que no cuentan con los recursos suficientes para llevar a cabo los trámites de propiedad de su vivienda o terreno por vía privada –los costos no bajan de los tres mil pesos–, ya sean integrantes o no de complejos habitacionales construidos por el Estado, puedan regularizar su situación de vivienda de manera gratuita. Para hacerlo, deben reunir determinados requisitos, como que la casa en cuestión sea vivienda única de ocupación permanente y tener un valor fiscal dentro de los límites que las leyes imponen.

La supuesta reducción de costos que el traspaso de los trámites de un organismo estatal a otro significaría al Estado es un punto que tampoco cierra. La estructura de la Escribanía se sostiene con un presupuesto de tres millones de pesos anuales, monto que abarca los gastos que genera el personal y los escribanos que se desprenden de los trámites de interés social. Según el proyecto de convenio presentado por Subsecretaría Social de Tierras, los Colegios de Escribanos de los distintos distritos recibirían del Estado 700 pesos por cada escritura que realicen y 2000 por cada reglamento de copropiedad. Teniendo en cuenta esos valores, y recalculando estimativamente, sólo las escrituraciones sociales realizadas en 2008 le habrían costado al Estado 1.050.000 pesos. Además, el convenio dejaría abierta la posibilidad al subsecretario de recalcular los montos sin ningún tipo de límites.

“El rol del Estado es indelegable y la ley indica que se debe cumplir en el ámbito de la Escribanía”, agregó Baliña. Se refiere a las leyes provinciales que delegan en la Escribanía General de Gobierno la tramitación de escrituras de interés social. Por un lado, la 10.830, que asigna a ese organismo “las regularizaciones dominiales de interés social que involucren a particulares cuando así lo requieran el Poder Ejecutivo provincial o las municipalidades”. Por otro, la 13.342, que establece el mismo procedimiento para la regularización dominial de los complejos habitacionales construidos por el Estado.

El fantasma de los despidos sobrevuela entre los empleados de la Escribanía, que temen que los recursos sean reasignados y sus puestos de trabajo desaparezcan. Por eso se declararon en estado de asamblea permanente para “defender el trabajo social que hacemos aquí”.