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El 3 de noviembre se cumplieron 6 años de la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero y la Justicia todavía no encontró a los culpables. O no los quiso encontrar. El estallido causó la muerte de siete personas y centenares de heridos. Sorderas agudas, amputación de alguna extremidad, pérdida parcial de la visión, incapacidad, daños psíquicos, y una ciudad destruida son las marcas imborrables de la tragedia. Hace poco menos de un año, el juez federal de Río Cuarto, Luis Rodolfo Martínez, elevó a juicio oral y público la causa con una carátula de “accidente por negligencia”. En el camino quedaron las hipótesis de atentado o sabotaje, sustentadas desde el juzgado de Jorge Urso en torno al tráfico ilegal de armas. En su pesquisa –por la que Carlos Menem estuvo preso–, la Fábrica Militar fue considerada centro de operaciones del contrabando de armamento. Según esa hipótesis, la voladura habría sido parte de la asociación ilícita que lideró la maniobra.