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Se reunieron en una ronda, con los chicos al medio, para cantar el Himno Nacional. No alcanzaron a terminarlo cuando la policía irrumpió violentamente y los echó con gases lacrimógenos y balas de goma. La represión a las más de 500 personas que pretendían ocupar un terreno de la Comisión Municipal de la Vivienda porteña en Ciudad Evita, en La Matanza, no finalizó en ese lugar. La gente corrió a refugiarse en las casas del vecino barrio 22 de Enero y hasta allí los siguió la policía. Los efectivos tiraron abajo las puertas, invadieron cocinas, dormitorios y patios para desalojar a familias enteras. Hombres y mujeres, ancianos, bebés y niños fueron las víctimas esta vez de un nuevo desborde represivo de las fuerzas de seguridad. Hubo al menos un ocupante herido de bala y cuatro policías con lesiones leves –además de un detenido– en el brutal desalojo.
“Hace 17 días que estábamos viviendo allí, en el borde del terreno, durmiendo bajo los árboles para lograr instalarnos”, contó a Página/12, Arturo López, uno de los manifestantes. “A la tarde (de ayer) comenzamos a tomar parte del campo cuando entró la policía y empezó a tirar gases y disparar contra todo el mundo”, explicó.
Hace dos semanas, cerca de 1.500 familias (alrededor de 3.000 personas) del barrio 22 de Enero y otros asentamientos de la zona llegaron hasta el inmenso campo ubicado sobre la ruta 21 en Ciudad Evita con la intención de establecerse. “Desde el primer día hubo problemas con la policía –comentó Walter Candia, otro de los ocupantes– Ahí nomás ya nos sacaron del predio y nos prohibieron armar carpas, hasta nos marcaron una línea como límite de donde no podíamos pasar”. Los días siguientes, las familias trataron de negociar con la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) y la Municipalidad de La Matanza para llegar a un acuerdo que permitiera el acceso al lugar. “Tuvimos algunas reuniones pero nadie nos dio una respuesta, nos dieron la espalda y hoy (por ayer) fuimos reprimidos ferozmente”, dijo Candia.
Los ocupantes contaron con el apoyo de la iglesia del barrio y varios organismos de derechos humanos. Ayer estaba planeado realizar una misa en el terreno cuando la furia policial destruyó todo resto de esperanza. “La gente probó otra vez de entrar a un pedacito de tierra pacíficamente, cantando, cuando la policía comenzó a disparar con balas de goma y de plomo hasta meterse en el barrio y ahí sí se armó la batalla”, destacó Daniel Echeverría, párroco de la iglesia del barrio. “Muchos pibes que estaban en la ronda fueron afectados por los gases –se indignó Echeverría– Todos trataron de salir corriendo hacia el 22 de Enero pero la policía entró a las casas persiguiéndolos”.
También Enriqueta Maroni, de Madres de Plaza de Mayo, estaba presente en el lugar cuando se desató la locura policial. “La gente era totalmente pacífica y estaba cantando tranquilamente mientras la policía estaba quieta y lejos”, recordó. “Después nos rodearon los policías y los gendarmes, por lo que Aída Sarti (otra integrante de Madres) y yo nos pusimos adelante pensando que si nos veían no iban a hacer nada”, señaló. La presencia de las Madres no amedrentó a los efectivos de seguridad que “lanzaron una lluvia de balas de goma y gases contra todo el mundo y quemaron las pobres pertenencias que la gente había entrado al terreno”.
El comisario Claudio Soto informó que “un ocupante resultó herido con una bala calibre 22, que no son las utilizadas por nosotros”. Además, cuatro policías habrían resultado lesionados: dos por golpes con piedras en la cabeza y los otros con heridas cortantes.
Fuentes del municipio matancero aseguran que la comuna “no tuvo nada que ver” y orientan la mirada hacia el Gobierno de la Ciudad. Sin embargo, el titular de la Comisión Municipal de la Vivienda, Eduardo Jozami, contó a este diario que su actuación ante la Justicia fue aclarar que esas tierras pertenecen a la CMV. Y que no hubo ningún pedido de desalojo. “Es muy llamativo que un juez tome una medida de este tipo sin notificar a los propietarios del terreno”, dijo Jozami. “No sólo no pedimos el desalojosino que siempre mantuvimos el interés en negociar, pero es fundamental que intervenga el municipio de La Matanza, que es una pata indispensable”, señaló.
El predio ocupa aproximadamente 80 hectáreas. “Son terrenos fiscales que hace mucho tiempo están sin habitar y la gente viendo la necesidad de tener una casa impulsó para hacer esta toma”, indicó Candia. En este sentido, el cura Daniel Echeverría criticó a las autoridades porque “esto siempre fue un basural y no fue un problema mientras tanto”. Además, los ocupantes señalaron que los vecinos de los chalets de Ciudad Evita se oponen a la instalación de un nuevo asentamiento en este terreno, cercano a sus viviendas. Con su experiencia a cuestas, Enriqueta Maroni sintetizó la sensación de todos los que ayer fueron desalojados. “Te sacan de quicio y, además del dolor físico, te genera un dolor adentro porque la represión cada vez será peor”.
Producción: Romina Ruffato