En Buenos Aires, las mujeres contratadas por el gobierno porteño podrán acceder a la licencia por maternidad con goce de sueldo, para acceder de ese derecho de la misma manera que las empleadas que integran la planta permanente de la administración. El cambio será posible gracias al proyecto de ley presentado el año pasado por el diputado Juan Cabandié, que el último jueves fue aprobado en la sesión de la Legislatura de la Ciudad. Resta, sin embargo, saber si el jefe de Gobierno Mauricio Macri promulgará y reglamentará lo sancionado o si, por el contrario, lo vetará. Lo segundo no parece imposible, habida cuenta de que la sanción se realizó con la oposición del bloque macrista, que en realidad pugnaba por archivar el proyecto. Desde que el texto sea elevado a su firma, Macri dispondrá de ocho días hábiles para decidir. “Los trabajadores contratados tienen vacaciones, pero no pueden contar con el derecho a la protección de la maternidad. Es preciso saldar esa deuda”, sostuvo Cabandié en diálogo con Página/12.

La iniciativa aprobada por los legisladores (con apoyo de algunos macristas, a pesar de la posición opuesta del bloque oficialista) dispone que las embarazadas podrán pedir licencia “durante los 45 días anteriores al parto y en los 60 días posteriores” (en casos de nacimientos múltiples, tendrá 15 días más por cada niño después del primero). Además, “podrá optar por extender la suspensión de servicios a su cargo hasta 120 días corridos más”, pero sin goce de sueldo, lo que en la práctica significa que no asistir al lugar de trabajo no puede comportar perder el contrato. Si la licencia debiera ser concedida hacia la finalización del período establecido en el contrato y ello “excediera el plazo contractual originalmente previsto, éste quedará automáticamente prorrogado hasta coincidir con aquél”, por lo cual la mujer quedaría legalmente protegida hasta finalizar su licencia.

El texto contempla también la protección de la lactancia y de la familia, dos considerandos que se traducen en “una pausa de dos horas diarias” para que la mujer pueda amamantar a su bebé o bien en su equivalente, de acuerdo con cómo “se readecuen los términos del contrato”. El segundo término, en cambio, refiere al padre de la criatura recién nacida, que dispondrá de diez días de licencia luego del nacimiento. En todos los casos, las licencias son “con pago de la contraprestación convenida”, vale decir, con goce de sueldo. Una iniciativa similar había sido presentada en 2006 por la Defensoría del Pueblo porteña, pero sin éxito.

Desde la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación, el proyecto de ley llegó al recinto con dos dictámenes. El de minoría, avalado por la oposición, propugnaba su aprobación; el de mayoría, promovido por el macrismo, procuraba enviar el texto al archivo, vale decir, desestimarlo. En el recinto, luego de que la proposición de archivo perdió la votación, los votos que avalaban la sanción fueron mayoría. “Lo llamativo –contó Cabandié– es que un par de diputados del oficialismo votaron a favor del proyecto. Otros cuatro o cinco se abstuvieron, aunque era una forma de decir que estaban más de acuerdo con el proyecto que con la idea de archivarlo. Ellos mismos ahora tienen que llamar a la reflexión a Macri. Los rumores indicaban que existía la posibilidad de que Macri vetara la ley.”

–¿Por qué querría Macri vetar estas licencias?

–Sospecho que básicamente porque, de alguna manera, él debe pensar que la ley puede ser un antecedente para que los trabajadores en locación de servicios reclamen otros derechos. Sospecho que teme que sea un antecedente que abra la puerta a posteriores reivindicaciones.

En la raíz de la incertidumbre, en realidad, se encuentra el mismo motivo que hizo posible la existencia del proyecto de ley y su posterior sanción: la cantidad de contratados no es un dato menor en la administración pública. Como en otros ámbitos, su existencia comenzó a incrementarse a medida que avanzaba la precarización de las condiciones laborales. En los mismos fundamentos de la ley se refiere esta suerte de planta paralela de empleados. Se considera, por ejemplo, que “en el ámbito del Gobierno de la Ciudad (...) resulta frecuente que las funciones a cargo de sus distintos organismos y dependencias sean cumplidas” mediante contratos de duración determinada, que esas relaciones laborales “se encuentran fuera de las disposiciones de la Ley Nº 471 de relaciones laborales en el ámbito de la administración pública y, con ello, de las previsiones que contiene dicha norma orientadas a la protección de la mujer embarazada y el niño”, disposiciones que terminan generando “una violación de los derechos” de las embarazadas y las madres recientes.

El dictamen de mayoría (que proponía archivar la iniciativa) tal vez permita aventurar posibles argumentos de Macri para no promulgar la ley. Antes que considerar los derechos posiblemente violados, el bloque macrista recurrió a la estrategia de considerar el tema zanjado por legislaciones preexistentes. Argumentó, por caso que, de acuerdo con el Código Civil, la relación de “locación de servicios es un contrato consensual” y que eso “puede o no configurar una relación de trabajo”. Sumó, además, que la Ley 471 (de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad, la misma que el proyecto consideraba infringida por la inexistencia de licencias de maternidad y paternidad) establece que se trata de una “prestación de servicios de carácter transitorio y eventual”.