Hace nueve meses, Luciano Arruga se convirtió en la cuarta persona desaparecida en democracia, luego de ser detenido en un destacamento policial de Lomas del Mirador, partido de La Matanza. Hace dos semanas, los ocho policías que el ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, había pasado a disponibilidad en abril por estar investigados en la causa, fueron reincorporados en sus tareas. A principios de agosto, en una reunión con los familiares y abogados, Stornelli y el ministro de Justicia, Ricardo Casal, “aseguraron que se iban a respetar las medidas, pero los policías fueron reincorporados y no se nos notificó”, advirtió Vanesa Orieta, hermana de Luciano. Desde el ministerio aseguran que los policías “tienen derecho de ser reintegrados a sus funciones”.

Juan Manuel Combi, abogado del equipo de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza que representa a la familia del joven de 16 años, resaltó que se enteraron de las reincorporaciones cuando los policías “llegaron a las audiencias uniformados”.

Según el abogado, a los policías se los cambió de jurisdicción. La mayoría de ellos estaría cumpliendo servicio en Lomas de Zamora. Aunque uno de los oficiales continúa en la jurisdicción de La Matanza, consignado en un banco ubicado a cuadras de las casas de la madre de Luciano, de la de su hermana y de la de Combi.

“A nivel procesal no hay modificaciones porque los policías continuarán declarando. Pero la medida no es una buena señal por parte del ministerio. Pasarlos a disponibilidad había significado un castigo temporario ante una causa de desaparición de persona. Ahora, para la corporación policial es como si estuvieran perdonados”, resaltó Pablo Pimentel, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza. “La gravedad es para los ciudadanos. Hay personas que se tienen que encargar de cuidarlos y están sospechados de torturar a un menor y después desaparecerlo”, apuntó Orieta.

La causa a cargo de la fiscal Celia Cejas de la UFI Nº 1 de La Matanza tiene trece cuerpos de expediente y 50 testigos, de los cuales más de la mitad son policías. Hasta hace dos semanas, los oficiales Damián Sotelo, Ariel Herrera, Daniel Vázquez, Sergio Fecter, Emiliano Márquez, Néstor Díaz, Hernán Zeliz y otro de apellido Borrego continuaban en “disponibilidad”.

Los ocho cumplían tareas en el destacamento de Lomas del Mirador la madrugada del 31 de enero en la que Luciano desapareció. Una pericia realizada con perros que buscaron el rastro de Arruga determinó que estuvo en el destacamento y en uno de los patrulleros.

“El móvil reconocido por los perros es el mismo que, según el registro de antena de los teléfonos, estuvo dos horas detenido frente a la Villa Santos Vega junto a otro móvil, cuando tenía que estar realizando un patrullaje por el barrio. Al evaluar el recorrido del patrullero, después del horario de la desaparición de Luciano, no se entiende por qué fue de una punta a la otra del distrito, pasando por cementerios y descampados”, indicó Combi. El abogado de la APDH también apuntó que las declaraciones de los policías del destacamento ante la fiscal de la causa “no coinciden”.

Otras de las pistas de la causa son los libros de registros allanados por la fiscalía en la seccional 8ª de Quintana, La Matanza, y del destacamento de Lomas del Mirador, que depende de ella. El peritaje lo está llevando adelante el licenciado Antonio Forte –perito que participó del caso Miguel Bru, el estudiante de periodismo de La Plata desaparecido en 1993, luego de ser torturado hasta la muerte en la seccional 9ª de La Plata– y según Combi se encontró con que los libros “estaban adulterados”.

Según Orieta, Luciano comenzó a “ser parado” por los uniformados del destacamento de Lomas del Mirador desde el día en que “rechazó la oferta de uno de los policías de trabajar en el delito para ellos”. En la causa, hay pruebas de una detención anterior al 31 de enero. Fue el 22 de septiembre de 2008, cuando mantuvieron detenido a Arruga en el destacamento ubicado en Indart 106, que no está preparado para eso ya que no posee celdas.

En sus declaraciones, los policías reconocieron que lo mantuvieron detenido en la cocina. Mientras que la hermana y la madre de Arruga aportaron los estudios del Policlínico San Justo, al que lo llevaron apenas lo retiraron del destacamento y donde se prueba que recibió una golpiza.

“Como familiares se nos trató mal y no se nos hizo firmar nada”, apuntó Vanesa. “Acá no te hicimos nada. Negrito de mierda, te vamos a llevar a Quintana (la comisaría de la que depende el destacamento) para que te violen, o terminás en un zanjón”, le habría dicho ese día uno de los oficiales reincorporados por Stornelli. Dos testigos que estuvieron detenidos en la seccional 8ª la madrugada del 31 habrían reconocido a Luciano en una foto y dieron testimonio de que fue torturado en una celda.

“Estamos juntando pruebas para llamarlos (a los ocho policías) a declarar a indagatoria por privación ilegítima de la libertad. Y hasta que terminara el proceso de instrucción, se nos había prometido que no iban a volver a trabajar”, advirtió Combi.

Desde el Ministerio de Seguridad se defienden con que “los ocho policías son sólo testigos y, con los elementos de prueba existentes y sin que variara su calificación en la causa, tienen derecho de ser reintegrados a sus funciones”.

Otro pedido realizado a las autoridades de las carteras de Seguridad y Justicia bonaerense y al municipio de La Matanza por parte de los familiares, amigos y la mesa de la APDH era el cierre del destacamento, que fue abierto tras el pedido de mano dura por la agrupación de Vecinos Alerta por Lomas del Mirador (Valomi), relacionada con la hija de un general acusado por la Conadep.

Para Pimentel, la falta de respuestas del gobierno bonaerense en el caso Arruga “tiene que ver con la estigmatización y subestimación de los pobres y los jóvenes. Parece que no vale igual la vida de un joven de la villa que la de un empresario o un futbolista”.

Informe: Nahuel Lag.