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El corte del camino vecinal que une Chaquiago con El Potrero, en la localidad de Chaquiago, derivó en una durísima represión de parte de la policía municipal y de la catamarqueña, incluida los grupos especiales Kuntur. Los vecinos que realizaban el corte, organizados en la asamblea Los Algarrobos, reclaman contra la apertura de la mina Agua Rica –próxima a Andalgalá, y considerada tres veces más grande que la de la cercana La Alumbrera–. Denuncian que contaminará toda la región y que el Estado no tiene ningún registro sobre la actividad de la empresa. El domingo pasado el corte cumplió dos meses. La represión fue ordenada por el intendente de Andalgalá, José Perea, quien juega el papel de promotor del yacimiento y fue denunciado porque la semana pasada había amenazado de muerte por radio a quienes realizaban el corte. Durante la represión fueron detenidas al menos treinta personas.

Desde diciembre pasado, la asamblea vecinal Los Algarrobos mantenía cortado el camino vecinal que une Chaquiago con El Potrero y es el único sendero que pueden recorrer los camiones para acceder al yacimiento de Agua Rica, en el nevado de Aconquija. El martes pasado, poco más de mil personas participaron de la marcha pro mina. Contaban con el apoyo obvio de la empresa Agua Rica, y del intendente Perea, que marchó a la cabeza. Más tarde, y para que no quedaran dudas, durante una entrevista radial Perea dijo que “el 25 de febrero, caiga quien caiga, las máquinas van a llegar al yacimiento”. Los vecinos denunciaron al intendente por amenazas. Ayer comprobaron que no se trataba de una amenaza virtual.

El jueves pasado se realizó la cuarta marcha en rechazo a la actividad minera, que dio una clara referencia sobre la posición de la comunidad: marcharon alrededor de cuatro mil personas.

El viernes, la situación se tensó porque la fiscal local, Marta Graciela Nieva, concurrió al lugar donde se realizaba el corte y ordenó el levantamiento del bloqueo, que estaba organizado sólo para los camiones (los obreros y empleados de la empresa podían cruzar). Los vecinos se ubicaron a la vera del camino, sobre un terreno que es propiedad de uno de los integrantes de la agrupación por lo que la fiscal se retiró, pero continuaron con el corte.

Ayer, con orden del juez Rodolfo Cecenarro, la fiscal Nieva volvió a la carga. La acompañaban grupos de la policía especial Kuntur, y de la policía provincial y municipal. La represión, según denunció el diputado nacional Pino Solanas (Proyecto Sur), fue feroz. El corte, en el que participaban personas mayores, mujeres, y niños, fue literalmente atacado por la infantería, mientras se disparaban gases lacrimógenos. Entretanto, un cerco policial cortaba el camino en la denominada Curva de Huasan, impidiendo que los pobladores de Andalgalá pudieran concurrir en ayuda de los vecinos que realizaban el corte.