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Susana Díaz murió una semana atrás en el Hospital Zonal de Añatuya, Santiago del Estero. La mató un aborto inseguro. Era muy pobre. Tenía apenas 16 años. Vivía en un paraje cercano a Los Juríes, departamento Taboada. Falleció en la guardia, de acuerdo con la información que dio el director del centro de salud a las autoridades de la Dirección de Maternidad e Infancia provincial. Llegó en estado desesperante, terminal. Un médico policial la examinó y determinó que presentaba “signos evidentes de haberse practicado un aborto clandestino, lo que le habría provocado una septicemia generalizada”, según publicó el diario El Liberal. Susana Díaz, trascendió, habría dejado huérfana a una niña de dos años.

El Código Penal no disuade de llevar adelante la práctica a las mujeres que deciden abortar. Cada año alrededor de medio millón de mujeres, muchas de ellas jóvenes y adolescentes, católicas y no católicas, de todos los sectores sociales, recurren a una interrupción voluntaria de embarazo como última salida ante una gestación no deseada. Pero las que ponen en riesgo su cuerpo y su vida son las chicas de hogares más desfavorecidos, como Susana. Las mujeres que pueden pagar una intervención segura o cuentan con la información adecuada para no caer en una práctica insegura también abortan en la clandestinidad. Pero para ellas, la penalización que hoy rige en la Argentina tiene otra carga: es temor, es estigma, es también la amenaza de ser denunciadas e ir presas, pero no la posibilidad de la muerte, de dejar a sus hijos –muchas tienen hijos– sin madre.

La maternidad no puede ser impuesta, no puede ser un castigo. Debe ser elegida. Una ley que despenalice y legalice el aborto no obligará a ninguna mujer que no quiera interrumpir voluntariamente un embarazo a hacerlo. Quienes apoyamos que se discuta y apruebe una reforma legal que saque del Código Penal al aborto no somos “abortistas”, como pretenden tildarnos los sectores más conservadores con el arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, a la cabeza. Defendemos la vida, la de Susana, la de tantas compatriotas que cada año mueren o quedan con graves secuelas (sin útero, sin ovarios, estériles), como consecuencia de abortos inseguros. Desde la recuperación democrática hasta el año 2008, las estadísticas oficiales indican que fallecieron por esa causa 2578 mujeres. ¿Cuántas muertes más, todas evitables, estamos dispuesta/os como sociedad a avalar? Ninguna mujer se embaraza para abortar. Ninguna mujer enfrenta un aborto graciosamente. Un Estado comprometido con la defensa de los derechos humanos debe brindar las mejores condiciones para que quien decida hacerlo pueda abortar sin riesgos.

En el año 2007 se registraron 59.960 hospitalizaciones por aborto en todo el país, sólo en el sector público, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Salud. Entre 1995 y 2007, las internaciones de niñas y adolescentes entre 10 y 19 años representaron cerca del 15,5 por ciento y las de jóvenes de 20 a 24 años fueron un 26 por ciento aproximadamente. Juntos, ambos grupos constituyeron cerca del 40 por ciento del total de los egresos hospitalarios por aborto. En los países donde es legal, la mortalidad por aborto es insignificante y, además, la consulta suele terminar con una consejería en salud sexual y reproductiva, y la entrega de métodos anticonceptivos, para evitar que la mujer repita la situación. Abortos existieron y existirán siempre. A veces falla un método anticonceptivo, a veces no se lo usa, a veces hay una relación sexual violenta, forzada.

Avanzar con la despenalización y legalización del aborto es seguir el camino de la ampliación fundamental del derecho a la igualdad, como sostuvo el miércoles 11 el filósofo Ricardo Forster, en el panel convocado por la Comisión de Mujeres de Carta Abierta en la Manzana de las Luces. “Así como se volvieron más libres los cuerpos, las palabras y las conciencias de una infinidad de compatriotas después de la aprobación de la ley de matrimonio civil igualitario, también es cierto que hay una infinidad de cuerpos de mujeres que permanecen en estado de violencia, de ‘culpa’, de ‘pecado’, de ‘horror’ –todo entre comillas– y también de persecución judicial y persecución simbólica” por la criminalización del aborto, dijo Forster. Y reclamó la inmediata apertura del debate en el Congreso, para discutir los proyectos que proponen la despenalización y legalización. El mismo reclamo se viene escuchando cada vez con más fuerza en distintos ámbitos: políticos, académicos, de las organizaciones de derechos humanos, de la sociedad civil. ¿Cuándo será escuchado por el Congreso?