El debate sobre la publicación de avisos que promueven el proxenetismo llega a la ciudad de Buenos Aires. Tres proyectos de ley que ingresaron ayer a la Legislatura porteña y que apuntan a combatir la trata de personas con fines de explotación sexual proponen sancionar a los medios de comunicación que publiquen “avisos de contactos sexuales” mediante la aplicación de multas y con el retiro de la publicidad oficial. El paquete se complementa con otra iniciativa que propone crear un equipo interdisciplinario para la asistencia de las víctimas de este delito.

Las propuestas fueron presentadas ayer por la legisladora María Elena Naddeo (Diálogo por Buenos Aires) y cuenta con el respaldo de Raúl Puy (del mismo bloque) y de María José Lubertino (Encuentro Popular para la Victoria). Una de ellas propone la creación, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, de un programa para eliminar la promoción y difusión de la prostitución. “La limitación de los avisos de contactos sexuales es un tema que tiene cada vez más consenso: en Mar del Plata hubo una orden judicial y hay propuestas legislativas en Córdoba y en Santa Fe”, dijo Naddeo a Página/12. El argumento de la legisladora para castigar la publicación de este tipo de anuncios es que “en la mayoría de los casos se promocionan lugares donde hay víctimas de trata mayores o menores de edad”.

En los fundamentos del proyecto, la diputada comparó estos avisos con la publicidad de cigarrillos, que intenta ser prohibida por un proyecto de ley con media sanción en el Senado, por los daños que provoca el consumo de tabaco en la salud. También cita los casos de varios diarios del interior del país que anunciaron el retiro de avisos sexuales de sus publicaciones, como La Mañana, de Neuquén; La Arena, de La Pampa; La República, de Corrientes, y el semanario El Tiempo, de Pergamino. Además cita una declaración del Foro de Periodismo Argentino (Fopea), que considera “contradictoria la conducta de medios de comunicación que en su definición editorial y su construcción noticiosa colaboran con la denuncia de estas formas modernas de sometimiento pero, al mismo tiempo, favorecen desde sus páginas de publicidad la expansión del negocio de la prostitución y la trata de personas publicando avisos clasificados de proxenetismo y explotación sexual, o ligados a evidentes fines de reclutar a menores o personas socialmente vulnerables”.

El proyecto de ley propone “realizar una campaña permanente de difusión masiva para concientizar a la población sobre el delito de explotación sexual y la trata de personas” y arbitrar lo mecanismos para que el gobierno porteño “no otorgue pauta publicitaria y propaganda oficial a aquellos medios de comunicación de circulación en la ciudad que publiquen entre sus contenidos espacios publicitarios o avisos clasificados de oferta sexual”.

–En el debate del proyecto, seguramente habrá quien argumente que muchos de esos avisos son puestos por personas que trabajan por cuenta propia y no son explotadas –consultó este diario.

–Las personas que trabajan de manera autónoma son muy pocas, y pueden publicitar su actividad a través de redes de Internet u otras vías. Se ha comprobado que muchos de los teléfonos publicados en esos avisos pertenecen a un mismo dueño. Además, por más que tabajen en forma independiente, la obligación del Estado es generar instancias de inclusión laboral alternativas. Está comprobado que la prostitución genera daños en la salud física y psíquica de la mujer, menos promedio de vida y problemas en el vínculo con sus hijos –respondió Naddeo.

–¿Por qué el proyecto no pone igual énfasis en los avisos que notoriamente apuntan al reclutamiento de mujeres para el trabajo sexual?

–Porque eso requiere otros análisis. Hay que diferenciar estos avisos de los que ofrecen empleos legítimos.

Otro de los proyectos impulsa una modificación en la ley 2871, de asistencia a las víctimas de trata, para que en los casos de explotación sexual intervenga un equipo dependiente de la Dirección de la Mujer y se albergue a las víctimas, con sus hijos, en hogares o centros de asistencia. También propone la creación de equipos especializados para investigar, junto a la Agencia Gubernamental de Control, la actividad en locales promovidos por avisos de distinta índole.