La Cámara Federal de Mendoza separó al juez federal Walter Bento de la causa contra los jueces Otilio Romano y Luis Miret, que integran ese mismo tribunal, a quienes les había imputado complicidad y participación en crímenes de la dictadura. La resolución fue firmada por Julio Petra Fernández, Miguel Angel Gálvez y Leopoldo Rago Gallo a pesar de que fueron recusados y denunciados por los organismos de derechos humanos de la provincia y por el fiscal Omar Palermo por no inhibirse en el expediente contra sus colegas, con quienes mantienen una amistad de años. En el caso de Petra, además, habían pedido que no interviniera en expedientes por delitos de lesa humanidad, ya que él mismo es investigado en el Consejo de la Magistratura por haber liberado a todos los represores en su jurisdicción. También mostraron que el propio Romano se excusó de actuar en un reclamo de Rago Gallo para sacar la plata del corralito debido a la relación que los une.

La recusación contra Bento había sido presentada por Romano, quien lo denunció por “enemistad manifiesta” y pidió correrlo de la investigación que lo involucra en delitos de lesa humanidad. La causa a cargo de Bento, impulsada por el fiscal Palermo, tiene a esta altura muchos elementos de prueba: a Miret, que era juez durante la última dictadura, se le imputaron 31 hechos vinculados con su omisión de denunciar e investigar secuestros, torturas, desapariciones y robos a ex detenidos; Romano, que era fiscal en la misma época, quedó involucrado como partícipe secundario en 55 privaciones ilegítimas de la libertad y 39 hechos de torturas. Miret fue indagado por Bento y también avanzó el expediente en el Consejo de la Magistratura, que finalmente lo suspendió y lo mandó a juicio político por su “actitud colaboracionista con la comisión de delitos de lesa humanidad”. Romano logró eludir su indagatoria con un certificado de problemas de salud. Frenó un primer tramo de la investigación en el Consejo con una medida cautelar firmada por un juez ad hoc, aunque ahora en el cuerpo avanzarían otras denuncias.

Para tratar la recusación de Romano contra Bento, la Cámara quedó integrada por Petra Fernández y los sanjuaninos Rago Gallo y Gálvez. La querellante y víctima Luz Faingold –representada por los abogados Pablo Salinas y Vivian Beigel–, el fiscal Palermo y el propio juez Bento pidieron el apartamiento de los camaristas por su amistad íntima con Romano. Sin embargo, el tribunal los consideró “terceros ajenos” al caso y se negó a darles trámite a sus planteos. Sólo reconocieron como parte interesada a Romano. Así, anteayer resolvieron correr a Bento por posible “enemistad y animadversión”. Argumentaron que existe una situación “emotiva suficiente” para suponer su parcialidad o su eventual “violencia moral y psíquica”, que deducen de la declaración de una empleada que habría escuchado a la esposa de Bento, hace cuatro años, emitir “consideraciones y opiniones negativas” sobre Romano. “Aunque el recusado ha invocado que no anida en su ánimo ningún sentimiento de odio o recelo, creemos que en este caso debemos privilegiar y atender el sentimiento de temor e inseguridad que nos denuncia el recusante”, concluye el fallo.

“Esto reviste una gravedad institucional enorme, porque de esta manera cualquier imputado puede elegir al juez que quiera para que lo juzgue. Es el anuncio de que se viene la impunidad para todos los jueces en Mendoza acusados por violaciones a los derechos humanos”, se quejó el abogado Salinas, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH). Los organismos de derechos humanos presentarán hoy una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra Petra, Rago Gallo y Gálvez. Este último, casualmente, es representante de los jueces en el organismo. El escrito los denunciará por mal desempeño e intentará mostrar que habría habido razones mucho más directas por las que deberían haberse excusado en el planteo de Romano que las que usaron para separar a Bento.

En cuanto a Petra, sostienen que no debe intervenir en ninguna causa sobre crímenes de lesa humildad porque él mismo está siendo investigado en el Consejo en una decena de denuncias por su posible complicidad con represores. Se lo acusa de haber liberado en forma masiva a policías y militares de Mendoza, San Juan y San Luis implicados en el terrorismo de Estado. Para hoy está citado como sospechoso ante la Comisión de Acusación y Disciplina por no aceptar excusarse en uno de los expedientes por violaciones a los derechos humanos –donde finalmente fue apartado por sus superiores– pese a que había tomado posición al descalificar públicamente al MEDH y al fiscal general Jorge Auat, que coordina la Unidad especial sobre delitos de lesa humanidad.

Para mostrar la relación estrecha de Petra con Romano, más allá de que comparten tribunal hace largo rato, recuerdan que juntos denunciaron a otros jueces (Antonio González Macías, Héctor Cortés y Roberto Naciff) en un intento por impedir su intervención en un juicio por crímenes dictatoriales, que fue revertido por la Corte Suprema. Como testigos, habían puesto –detalla la denuncia– a abogados defensores de represores como Eduardo San Emeterio, ex militar y agente de inteligencia, y Carlos Carreño, quien figura como colaborador civil del Batallón 601.

Sobre Rago Gallo presentarán copias de un amparo con el que intentaba sacar su dinero del corralito, en el cual Romano y también Petra “se excusaron de intervenir por amistad íntima con el actor”.

En relación con Gálvez recuerdan que además de que tendría una relación histórica con Romano, integra el Consejo de la Magistratura que lo viene investigando, al igual que a Petra, y donde ahora él mismo es denunciado. “Debe sumarse el temor de parcialidad que genera” que “el día 16 de septiembre” último, “justo en el momento en que se producía la votación para determinar la suspensión del camarista federal mendocino Luis Francisco Miret” –imputado penalmente junto con Romano– Gálvez “se retiró repentinamente sin votar”.

La presentación de los organismos dirá también que haber incluido a la querella del trámite de la recusación contra el juez Bento “implica la violación del debido proceso y la afectación de los derechos de la víctima” y es “violatoria de la normativa internacional que rige en materia de derechos humanos”. En Mendoza, esta trama que daría cuenta de la protección mutua y calculada entre jueces –varios vinculados con denuncias por complicidad con la dictadura– ya es un escándalo de proporciones. El abogado Salinas anunció que también harán denuncias en el Congreso, la Corte Suprema y ante la presidenta Cristina Kirchner. El martes último, cuando aún no se conocía el apartamiento de Bento, el procurador general de la Nación, Esteban Righi, denunció ante el Consejo “la grave situación por la que atraviesa la Justicia Federal de Mendoza” (ver aparte).