Un maestro de música acusado de abusar sexualmente de sus alumnos de jardín recibió una condena de 30 años de prisión. Durante el juicio, el tribunal dio por probados cinco de los 18 casos por los que había sido denunciado. Las familias damnificadas celebraron la decisión de la Justicia y consideraron que se sienta “precedente” para este tipo de delitos. El Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Morón entendió que Marcelo Fabián Pécollo abusó y corrompió a menores de entres tres y seis años en un colegio de Merlo, en 2007. El abusador ya estaba en la cárcel, luego de que en 2008 cumpliera una breve prisión domiciliaria. Más de cincuenta denuncias contra Pécollo todavía no fueron investigadas y formarán parte de un nuevo proceso jurídico.

La condena al docente de música del colegio Alas y Raíces, de Merlo, “va a sentar precedente”, evaluó Alejandra Vila, quien actuó como abogada de cinco familias que acusaron a Pécollo. “Hay casos de este tipo donde se absuelve al acusado. Sobre todo porque en las instituciones escolares es difícil de probar” el abuso. Al enterarse de la condena, la mayor alegría la mostraron los familiares de los niños damnificados. En diálogo con Página/12, Alejandra Gómez, una de las madres, manifestó: “Estamos re contentos. Estábamos convencidos de que iba a ser positivo el resultado, pero veíamos lejos que le dieran 30 años”.

La defensora explicó que al abusador le dieron esa cantidad de años de cárcel “por la sumatoria de los casos de abuso y corrupción que fueron probados, más una serie de elementos agravantes”. Vila especificó que “el docente es una figura que debe proteger al niño”, situación que en este caso incrementó la culpabilidad de Pécollo.

Los camaristas Aníbal Termite, Osvaldo Segarri y Daniel Leppen, del TOC 2 de Morón, tomaron su decisión basados en los testimonios de peritos psicólogos y médicos, maestros, autoridades de la escuela, padres de alumnos y las propias víctimas. El veredicto coincidió con el pedido de los fiscales de juicio, Daniela Barrozo y Walter Leguizamón, quienes también habían solicitado 30 años de prisión para el maestro.

En los casos que pudieron ser probados, se determinó que en algunas situaciones los niños sufrieron hechos de abuso y corrupción, y de corrupción únicamente en otras, según lo marcaron las distintas pericias. “Los peritajes tuvieron cosas bien hechas y otras que no. Eso llevó a que no se pudieran probar todos los casos”, apuntó Vila. Según la abogada, la “buena voluntad” de los peritos psicólogos definió el resultado final. En la misma línea, Gómez expresó que le “da mucha impotencia los casos que no se pudieron probar”. “Al ocurrir adentro de una escuela no hubo demasiadas pruebas”, por lo que el accionar de los peritos resultó definitorio.

La madre del alumno abusado apuntó también contra la institución educativa. “Uno tendría que confiar y dejar allí a sus hijos con los ojos cerrados.” Una vez enterada de los casos de abuso, “la relación con el colegio fue de conflicto. Me negaron respuestas y se pusieron de acuerdo para ocultar” lo que sucedía, repudió. En ese sentido, Miguel Racanelli, otro abogado de las familias, acusó a la escuela de “poner palos en la rueda” en la investigación.

El proceso contra Pécollo se inició en 2007, cuando madres y padres de niños que asistían al colegio Raíces y Alas lo denunciaron. El 3 de octubre de ese año, el maestro de música fue detenido. Luego recibió el arresto domiciliario, por lo que los vecinos enfurecidos quemaron su casa de San Justo. En julio de 2008 ese beneficio fue revocado por la Justicia de Morón y Pécollo volvió a quedar preso. El juicio comenzó en septiembre pasado y abordó 18 denuncias. Por decisión de la fiscalía, en 2008, la causa se desdobló, y otras cincuenta acusaciones contra el docente esperan todavía su elevación a juicio.

Desde que salieron a la luz las denuncias y hasta el día de hoy, los chicos y sus familias requirieron de contención psicosocial multidisciplinaria. En torno de esto, los damnificados destacaron la labor del Centro de Atención a la Víctima de la provincia. Héctor Ibarra, de la Asociación Civil Li-May, que colaboró con las víctimas, destacó al organismo estatal: “Nos han acompañado y eso fortaleció a las familias para que pudieran llegar con entereza a este momento”.

Informe: Leonardo Rossi.