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La Justicia porteña suspendió ayer la adjudicación y las obras en 15 pasos bajo nivel que proyecta construir el gobierno de Mauricio Macri, con fondos provenientes de AUSA, al conceder la medida precautelar pedida por vecinos de distintos barrios. La medida fue ordenada por el juez Vicente Cataldo, en respuesta al amparo presentado por vecinos de los barrios de Coghlan, Agronomía, Núñez, Villa del Parque, Villa Devoto, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón y Saavedra.

El juez dispuso que el Gobierno de la Ciudad no pueda adjudicar o avanzar en las obras cuestionadas, que contemplan la construcción de túneles de baja altura en calles internas de esos barrios, en la mayoría de los cuales no hay pasos a nivel y que no permitirían el paso de transporte público y del tránsito pesado. Los vecinos reclaman que los túneles se construyan en avenidas donde hoy hay barreras y que sean aptos para el paso de vehículos. El juez le pidió, en la resolución, que el Ejecutivo le envíe, en el término de dos días, todos los expedientes administrativos de los 15 pasos bajo nivel programados.

El caso ahora está en la Procuración porteña, que apelará la medida y pedirá la habilitación de feria. Al menos dos de las obras ya habían comenzado, aseguraron fuentes del gobierno porteño.

El diputado Sergio Abrevaya (Coalición Cívica), quien acompañó a los vecinos en su reclamo, señaló que “la Ciudad necesita los pasos bajo nivel, pero para sustituir barreras y en avenidas. Pero los que planeó el gobierno porteño son al revés: no sustituyen barreras, no sirven para el transporte público y de carga y no son bajo avenida”.

En tanto, el defensor del Pueblo adjunto de la Ciudad, Gerardo Gómez Coronado, sostuvo que, “al igual que los vecinos de los barrios afectados, la Justicia tampoco entendió los motivos por los cuales el Gobierno de la Ciudad decidió construir túneles en lugares donde no son prioridad e ignorar dónde son necesidad, como es el caso de los cruces ferroviarios”.

La legisladora María José Lubertino (Encuentro Popular para la Victoria), quien también reclamó a través de un amicus curiae, consideró “inadmisible seguir otorgándole cheques en blanco a la empresa AUSA” para obras en las que “violaron la normativa vigente en materia de gestión urbana, procedimiento de impacto ambiental y derecho a la participación ciudadana”.