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Por el momento, el caso del crimen del Carmel está demasiado lejos de encontrar al/la homicida, enredado en la maraña procesal en que quedó envuelto. En su horizonte apenas si se divisa una audiencia por el pedido de recusación del fiscal Diego Molina Pico, planteado por la defensa de Carlos Carrascosa, viudo de María Marta.
El viernes pasado, el abogado de Carrascosa, Marcelo Nardi, presentó el pedido, pero Molina Pico rechazó apartarse del caso. El juez subrogante de San Isidro, Orlando Díaz, deberá citar a las partes –se supone que esta semana–, y tendrá 48 horas para definir la cuestión. Cualquiera sea su resolución, se presume que habrá apelaciones, por lo que el expediente girará a la Cámara. Entretanto, cualquier medida pretendida por el fiscal –por ejemplo, careos entre imputados y testigos– quedará congelada en el remanso procesal.
Aunque un derecho, la recusación del fiscal salta a la vista como parte de la estrategia defensista: los cuestionamientos a su actuación eran conocidos por la defensa desde el primer día. Este diario ya anticipó que Molina Pico estuvo presente en el velorio de María Marta, el 28 de octubre, pero su primera actuación en el expediente corresponde al 30 de ese mes. En su pedido de recusación, Nardi sostuvo que el primer contacto que tuvo el fiscal con el caso fue como testigo, al presentarse el día del velorio. Su presencia fue pública, pero el propio Molina Pico convalidó el reclamo al no hacer constar su visita al Carmel ese día, con lo que su presencia en el lugar, procesalmente, quedó bajo la figura de un asistente más al mentado velorio. Fue por ese motivo que el fiscal hizo denodados esfuerzos por blanquear esa situación durante las indagatorias: a todos los imputados les preguntó qué informaciones le habían proporcionado a él mismo aquel día. Pero, si era obvio el cuestionamiento, llama la atención que la defensa haya aguardado hasta esta instancia, cuando el fiscal se mostró dispuesto a elevar a juicio los encubrimientos.
Por cuerda aparte, el abogado Juan Carlos Iglesias ratificó su denuncia contra el fiscal y los jueces Diego Barroetaveña y Juan Makintach ante la fiscalía de San Martín.