“Las imágenes de guardias golpeando prisioneros en una cárcel en Mendoza es otro recordatorio de los problemas sistemáticos que existen en el sistema penitenciario argentino”, dijo el viernes pasado Louise Finer, experta de Amnistía Internacional sobre la Argentina. La mención de la investigadora pasó desapercibida en los medios, especialmente la idea de que la tortura en las cárceles se trata de un problema sistemático y no aislado ni jurisdiccional, como se intenta mostrar. Entretanto siguió el tira y afloja sobre las responsabilidades políticas entre el gobierno de Mendoza (lo consideró un hecho aislado y ocurrido durante la “intervención” federal) y el Ministerio de Justicia nacional (que no negó lo aislado del hecho, pero sí que hubiera realizado una intervención a las cárceles mendocinas hasta diciembre pasado). La discusión, que en definitiva pretende pasar la propia caspa por polvo ambiente, de todos modos no ahonda en la situación carcelaria tal como lo señalaron la experta internacional, las recurrentes intervenciones de los máximos organismos americanos de derechos humanos y la notable ausencia de Mecanismos de Prevención de la Tortura (en el país, sólo el Chaco lo instaló como ley). Entretanto, como un hecho aislado judicial, el fiscal Santiago Garay imputó por torturas y vejámenes a los cinco guardias que aparecen vinculados con los videos.

El tira y afloja entre el gobernador Celso Jaque, su ministro de Gobierno, Mario Adaro, y el actual subsecretario de Gestión Carcelaria, Alejandro Marambio (ex director general del Servicio Penitenciario Federal), parece revelar, de algún modo, el nivel en que se juega la cuestión política carcelaria, al menos en lo que se refiere a la aparición de los videos que indican –esta vez sin demasiado enmascaramiento posible– que en las cárceles se tortura. La discusión de ambas partes se establece sobre a quién le compete la responsabilidad de un grupo de cinco o seis loquitos perversos. Ninguna de las partes intentó rozar si el video revela imágenes de un iceberg y qué tanta profundidad tiene.

Lejos, por ahora, de esa discusión, el fiscal Garay y los querellantes (hoy o a más tardar mañana se incorporará la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, tal como lo anticipó Página/12) avanzan sobre el verdadero hecho aislado de todo el asunto, que es la decisión judicial de avanzar sobre un caso de torturas en cárcel o comisaría. Si su actuación realmente es una isla, avanzarán sobre otra pata que enmascarara las torturas: la pata médica.

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